Inspectores de giros negros del ayuntamiento de Puebla, auténticos gángsters
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Fulgencio Arriaga Vega, “Don Full” para sus cuates y para quienes no lo son, propietario del bar El Chabacano, ubicado en 11 Norte 3208, es en estos momentos el “enlace” entre los propietarios de “giros negros” y el Departamento de Registro y Fiscalización del ayuntamiento de Puebla, cuyo nuevo director es Luis Mora Velasco.
“Don Full” es el encargado de recoger mensualmente las “rentas” de la actual administración municipal y por 30 años ha llevado a cabo esta actividad, acopiar el dinero que “bajo el agua” los propietarios de negocios de venta de bebidas embriagantes entregan como “cuota” —además del impuesto que pagan al ayuntamiento— y que les da permite realizar varias canonjías, como la prostitución de mujeres, hombres y menores de edad, sean de la nacionalidad que sea, además de “pasarse por el arco del triunfo” el límite de horario para cerrar y muchas, muchas prebendas más; en algunos casos hasta no denunciar los negocios que sirven como “brincos” para apuestas clandestinas, incluso para venta de drogas.
“Don Full” es además el presidente de la Unión de Bares y Restaurantes de Venta de Vinos al Copeo del estado de Puebla AC, lo que le ha permitido ser el encargado de cobrar “las rentas” de al menos 300 negocios, que actualmente le deja una ganancia de 200 mil pesos al mes.
Su segundo al mando es Carlos García y el tercero es José Luis Anduaga González, quien trabaja en el ayuntamiento de Puebla en Registro y Fiscalización, y quien —por supuesto— es el “verdugo” de la organización, pues se encarga de intimidar a los propietarios de bares que se niegan a entregar la “cuota”, por lo que para darse valor utiliza uno de los vehículos oficiales del ayuntamiento.
¿Por qué le comentó esto?, porque tras el cambio de administración los inspectores de este departamento están desatados, ahora hasta la hacen de policías preventivos y amenazan con “levantar” a empleados de bares y propietarios que no estén dentro de la nueva lista de precios, lo que ha provocado un descontento general que no tiene para cuándo acabar.
Los datos antes mencionados provienen de información recabada de denuncias anónimas por parte de dueños de bares y de algunos empleados del ayuntamiento, quienes son obligados a convertirse en “gángsters” para cobrar “los permisos”, por lo que solicitaron el anonimato.
