La recomendación de la CDHE a Ardelio Vargas Fosado
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14 días antes de dejar el cargo como ombudsman, Marcia Maritza Bullen Navarro firmó la última recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) contra el Poder Ejecutivo, la cual es un valioso documento que describe el grave actuar del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, a quien conmina a respetar los principios constitucionales de libertad, integridad y seguridad personal, además de ceñirse a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego.
La recomendación, aunque se emitió el 15 de julio, se difundió –de manera un tanto discreta– hasta la presente semana, unos días antes de que dejara el cargo Bullen Navarro, sabiendo el tipo de respuesta que le podía dar Vargas Fosado, quien se distingue por su lenguaje y actuar violento, que era característico de los represores de la época de Gustavo Díaz Ordaz.
Esta recomendación es resultado de la queja presentada por el ciudadano Moisés N. y otros más, quienes son comerciantes, y el 11 de mayo de este año, a las 13:30 horas, cuando se manifestaban pacíficamente frente al edificio de la Secretaría de Finanzas, en donde pedían una mesa de negociación para denunciar presuntos abusos del personal de la Dirección de Comercio Exterior de esa dependencia, fueron agredidos por agentes de la SSP y de la Policía Municipal. Los afectados narraron:
“… por lo que por medio de nuestro altavoz estamos solicitando se nos hiciera una brecha para entablar la mesa de diálogo, momento en el cual los granaderos y la Policía Metropolitana se formaron en orden de ataque que les dio al parecer el comandante encargado de ese operativo, por lo que al ver esta situación de peligro le pedimos a los medios de comunicación, quienes se encontraban cubriendo la nota, que fueran testigos de que íbamos en forma pacífica, pues iban ancianos, mujeres, jóvenes y niños en su mayoría; no obstante, los elementos de la Policía Municipal, Estatal y Metropolitana empezaron a aventar gas pimienta y bombas de gas lacrimógeno a la multitud que nos manifestábamos, y a los que estábamos hasta adelante nos agarraron a toletazos, hiriendo al líder Moisés “N”; asimismo, nos empezaron a aventar proyectiles que ya tenían preparados y dispersando a toda la gente y destruyendo vehículos arteramente, rompiéndoles todos los cristales, faros y carrocerías con sus toletes y piedras, aproximadamente 25 vehículos y deteniendo a un número por el momento no precisado de nuestros compañeros…”
Frente a esta queja resulta sorprendente e indignante el lenguaje que utiliza Ardelio Vargas para justificar su actuar. Mediante el oficio SSP/07J/2011/1881, que envió a la CDH el 20 de mayo pasado, el funcionario sostiene que los 160 agentes policiacos que actuaron contra los 700 manifestantes –que en realidad no eran tantos– usaron “medios no violentos”, y a continuación admite que se usó lo siguiente:
“… equipo autoprotector, por ejemplo escudos, cascos, tomfas, rodilleras, coderas, ocho proyectiles de gas lacrimógeno 14 CN, siete granadas de gas lacrimógeno CN Código 5220 y ocho granadas de gas lacrimógeno CN 6220 a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo, y con la única finalidad de garantizar al Estado de Derecho”.
Es decir, para Ardelio Vargas es normal y algo no violento aventarle 23 granadas a un grupo de ciudadanos que se manifestaban en la vía pública y que no son autores de ningún delito.
De hecho, ayer en una rueda de prensa, Ardelio Vargas minimizó que en San Andrés Cholula unos sujetos hayan aventado un par de granadas, pues indicó que éstas se compran fácilmente y solamente se usan para “hacer llorar” a la gente.
El hecho es que la CDH reunió los testimonios, imágenes y otras evidencias de cómo esas granadas, que para Vargas Fosado son de uso común, acabaron llegando a alumnos y padres de familia de la escuela Belisario Domínguez, cuya directora narró:
“… siendo aproximadamente las 13:20 horas del 11 de mayo del año en curso ingresaron a esta institución diversas gentes, entre padres de familia, quienes venían a recoger a sus hijos, así como gente desconocida que trataba de protegerse por los gases que aventaron, no me consta si los policías o los manifestantes los aventaron, por lo que nosotros de inmediato ubicamos a los menores en la parte de atrás de los salones que colinda con la 26 Sur y 9 Oriente; haciendo mención de que hasta las instalaciones que ocupa esta escuela se expandió el gas lacrimógeno, provocando malestar en los ojos y en la respiración de algunas personas que estaban en este lugar; asimismo, y por lo que refiere a la menor que se vio afectada por el gas lacrimógeno y que al parecer todavía está hospitalizada en el Hospital Betania de esta ciudad, la cual responde al nombre de…, quien cursa el quinto año de primaria, la menor el día de los hechos ya había salido de la escuela y estaba con su mamá, quien es contadora de la Secretaría de Finanzas…”
La CDH investigó las consecuencias sufridas por esa menor y obtuvo el siguiente documento:
“Copia certificada del expediente clínico de la menor “A”, remitido mediante escrito de 18 de mayo de 2011, suscrito por el apoderado legal de la Fundación Tamariz Oropeza, propietaria del Hospital Betania de esta ciudad, que al texto dice: “… diagnóstico, intoxicación por gas lacrimógeno, síndrome de dificultad respiratoria fase 1, edema agudo pulmonar, pronóstico reservado a evolución…”
Junto con los datos de la niña intoxicada, la CDH consiguió un video donde se observa el uso indiscriminado de granadas de gas de los policías del señor Ardelio Vargas, además de las lesiones sufridas por los comerciantes que presentaron la queja y los que fueron detenidos; por esa razón, la ombudsman emitió una recomendación –que para el actual gobierno es políticamente incorrecta– en la que conmina a Vargas Fosado a:
“Se sirva observar su actuar a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, atendiendo sustancialmente los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los encargados de hacer cumplir la ley” en pleno respeto a los derechos humanos de los gobernados, sin que ello limite, impida o restrinja la función y obligación de velar por la tutela de la seguridad pública del Estado, en razón del cumplimiento del deber que le fue encomendado”.
¿Hará caso Vargas Fosado a esta recomendación? Todo apunta a que no, pues este personaje se empeña en mostrarse como un hombre violento y arbitrario.
Lo que resulta sorprendente es que en el Poder Ejecutivo no se esté valorando el alto costo político que puede representar sostener a un personaje de esta naturaleza, que usa la violencia a la menor provocación, en un estado como es Puebla, que tiene los índices de violencia más bajos del país.
