La reforma al IEE propuesta por Moreno Valle
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En la reforma electoral enviada por Ejecutivo al Congreso se incluyen modificaciones al Instituto Electoral del Estado, propuesta que fue bien recibida por los consejeros
En la reforma electoral enviada por Ejecutivo al Congreso se incluyen modificaciones al Instituto Electoral del Estado, propuesta que fue bien recibida por los consejeros: se eliminan las figuras de Secretario y Director General, dejando solo la figura de Secretario Ejecutivo. Su nombramiento dependerá del Consejo General a propuesta en terna del Consejero Presidente y durará en su cargo 7 años. Obviamente se le concederán las facultades y atribuciones propias del Secretario y Director General. La duración del periodo del cargo de los consejeros electorales pasará de 6 a 7 años.
A pesar de reconocer que no han leído en su totalidad la reforma electoral puesta a discusión del congreso la semana pasada, los consejeros electorales Jorge Sánchez Morales y Fidencio Aguilar Víquez declararon ver viable y necesaria las modificaciones en la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Estado.
Una de las modificaciones que aplaudió el presidente del consejo, Jorge Sánchez, fue la creación de la Unidad de Fiscalización, ya que, dado que los partidos reciben recursos públicos, es necesario que entreguen cuentas claras a la población, además, afirmó, es un modelo que ya se aplicó en el estado de Chiapas.
Con respecto a la creación de la Secretaría Ejecutiva, afirmó que, tomando como ejemplo el Instituto Federal Electoral, que ya cuenta con ese puesto, le parece que es una forma eficiente de trabajar.
Sánchez Morales minimizó la eliminación del voto de confianza, esto ya que en los cuatro años que lleva como presidente del consejo, sólo ha empleado éste en dos ocasiones, ya que únicamente se usa cuando se da un empate por la ausencia de algún consejero, por lo que no ve mayor problema en la eliminación de este derecho.
Reiteró que la labor de trabajar la reforma es completamente del Congreso del Estado y que ellos, como instituto, sólo pueden acatar lo que les ordenen los diputados, sin embargo, aseguró que le gustaría que fueran invitados a dar su punto de vista acerca de los puntos que pudieran mejorarse, para, en su caso, “enriquecer” la reforma.
NECESITAMOS UN INSTITUTO SIN TANTO MANOSEO DE LOS PARTIDOS: AGUILAR
Por su parte, el consejero Fidencio Aguilar Víquez aseguró que esta es una buena oportunidad para hacer una reforma de fondo del instituto, que permita un consejo más ciudadano y que no haya “el manoseo partidista”, así como para hacer el funcionamiento del mismo más operativo, eficiente y económico.
Destacó que, con el aumento de 6 a 7 años en el período de los consejeros, y la ratificación de éstos para un segundo período, podría permitir un escalonamiento en la integración del consejo, de tal manera que haya miembros nuevos y algunos ya con experiencia, con lo cual se podría dar seguimiento a los cambios y trabajos propuestos en el consejo.
Agregó que, con el puesto de la Secretaría Ejecutiva, el consejo podría contar con “un brazo operativo eficiente”, que es una de sus mayores necesidades.
CAMBIO DE ESTRUCTURA
En relación con la integración del órgano electoral en su instancia superior, se propone respecto del Consejo General del Instituto que tanto el próximo Consejero Presidente del Instituto como la totalidad de los próximos Consejeros Electorales, todos a ser designados por el Congreso en 2012, al término del período de los actuales, duren en el cargo siete años en lugar de seis. Para la designación del próximo Consejero Presidente y de los siguientes Consejeros Electorales se propone que los que estén en funciones puedan ser, en su caso ratificados, con el objeto no solamente de aprovechar la experiencia de los funcionarios electorales, sino también para dotar al Congreso del Estado de todas las opciones y fórmulas electorales, desde la ratificación total o parcial, hasta la designación total o parcial de nuevos integrantes del Consejo, según lo determine el propio Congreso, para lograr el mayor consenso posible al momento de su elección y designación.
Por otra parte, esta iniciativa propone la desaparición del voto de calidad del Consejero Presidente, más aún, considerando que el Consejo General del Instituto tiene un número de votos impar. La propuesta se sustenta en la premisa de que la fortaleza y responsabilidad de las decisiones del órgano electoral deben honrar su carácter colegiado a efecto además de consolidar su autoridad y autonomía.
En relación con su estructura administrativa, esta iniciativa propone unificar las figuras del Secretario del Consejo y del Director General en una sola figura que se denominaría Secretaría Ejecutiva. La reforma que aquí se propone dotaría de mayor fuerza administrativa y de coordinación al propio Secretario Ejecutivo, quien además sería designado por el propio Consejo General, a propuesta de su Presidente.
FISCALIZACIÓN
Con el propósito de fortalecer las facultades de fiscalización del Instituto Electoral del Estado, se propone en primer término crear una unidad de Fiscalización hacia el interior del Instituto, con autonomía técnica y adscrita al Consejero Presidente. Con ello se contaría con una estructura fuerte y especializada en la materia, en lugar de recargar la responsabilidad técnica en los consejeros electorales.
La Unidad de Fiscalización contaría con un titular designado por el Consejo General del Instituto, a propuesta del Consejero Presidente. En el mismo espíritu de fortalecer su carácter técnico, se propone en la iniciativa que el Titular de la Unidad de Fiscalización cuente con experiencia en las materias afines a la fiscalización de recursos, además que se exigirá que hubiere estado alejado por cuatro años de toda actividad partidista.
En adición a la creación de la Unidad de Fiscalización del instituto, se proponen normas para dotarla del mejor ejercicio de sus funciones, a través de procedimientos regulados de revisión de informes, con plazos, derechos de audiencia y confronta para los partidos, en presencia de los consejeros que así lo decidan, antes de que Unidad presente al Consejo General los proyectos de dictamen y resolución de los informes.
Además, se faculta al titular de la Unidad para que participe con voz en las sesiones del Consejo en las que se traten asuntos vinculados con la materia de fiscalización, a fin de que los integrantes del Consejo escuchen directamente las razones y motivaciones de los dictámenes y resoluciones del caso. Además, se actualiza la ley para el efecto de prohibir desde dicho instrumento las aportaciones anónimas.
Finalmente, se propone la norma que en congruencia con el Pacto Federal, faculte a la Unidad de Fiscalización para firmar con el Instituto Federal Electoral los convenios que permitan al órgano electoral de Puebla solicitar al Instituto Federal Electoral, en caso necesario, que se rompa con los secretos bancario, fiduciario y fiscal de sujetos que ameriten ser revisados desde dicha perspectiva, en aras de una efectiva fiscalización. Con las reformas anteriores, la iniciativa propone, en síntesis, un nuevo régimen estatal de fiscalización de partidos y candidatos.
ARBITRAJE Y JUSTICIA ELECTORAL
En el nuevo sistema, se propone en primer lugar establecer tres procedimientos claros de queja o impugnación en materia electoral: el de fiscalización, el especial sancionador y el ordinario.
El de fiscalización sería aplicable ante presuntas irregularidades cometidas por partidos políticos o candidatos, tanto en el origen de los recursos como en los gastos de los mismos. El procedimiento recaería en la Unidad de Fiscalización del Instituto. Al momento de ser resuelto dicho procedimiento, el Titular de la Unidad, en uso de su derecho de voz para estos casos, propondría al Consejo la resolución y en su caso sanción correspondiente. Cabe señalar que el procedimiento de queja en materia de fiscalización es independiente de los de revisión de los informes financieros correspondientes.
El procedimiento especial sancionador sería aplicable ante presuntas irregularidades en materia de propaganda impresa o en radio y televisión presuntamente violatoria de la ley. En ambos casos, la iniciativa propone que este procedimiento se abra únicamente a petición de parte agraviada. Su duración sería de cinco días y dentro del mismo plazo se propone crear la facultad del Instituto para aplicar medidas cautelares, a través de una Comisión de Consejeros creada para dichos efectos, que tendría como propósito interrumpir o corregir aquellas conductas que se encuentren alternando las condiciones de equidad en la competencia.
La resolución final sería tomada por el Consejo, con su respectiva sanción, si fuere el caso. Para efectos de presuntas violaciones en materia de radio y televisión, el Instituto, a través de la Comisión que se crearía, solicitaría la aplicación de las medidas cautelares al Instituto Federal Electoral, como único órgano facultado para dictaminarlas en dicho campo.
