Lázaro Jiménez se habría fugado de Puebla; cobijó corrupción en SCT por mototaxis
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Hay dos ex funcionarios de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que deben responder por la proliferación desmedida de mototaxis y los abusos cometidos contra sus propietarios. Uno de ellos es el ex subsecretario del Transporte, Lázaro Jiménez Aquino, de quien se tiene la sospecha que ya se fugó de Puebla para no responder a este tema y otras anomalías que cobijó durante su gestión.
Lo sorprendente es que quienes se han dado cuenta que Jiménez Aquino ya no está en Puebla no es la gente del actual gobierno estatal, sino han sido integrantes del grupo marinista quienes, sorprendidos de toda la información que ha brotado sobre las mototaxis, lo han buscado para que responda y aclare lo ocurrido, pero resulta que nadie lo ha podido localizar o él no ha querido responder los llamados.
Se cree que Jiménez Aquino habría migrado a Chiapas, de donde es originario, como una manera de protegerse ante el posible inicio de un proceso administrativo que derive en una demanda penal.
Personas cercanas a él dicen que “está de viaje”, pero entre los marinistas está claro que por ahora nadie de los que formaron parte del anterior gobierno se puede dar el lujo de estar de turista. Y que esa respuesta es una excusa.
De hecho, entre los marinistas ya se da por hecho que antes de 15 días se iniciará el primer proceso administrativo contra el anterior gobierno, y serán los temas de la SCT, los más vulnerables.
A la mitad del sexenio anterior ya se había detectado el problema de los mototaxis, pero no se le dio prioridad, ya que se tenían registrados no más de 500 de estos vehículos.
Aún así, se le encomendó al entonces subsecretario del Transporte, Lázaro Jiménez, que atendiera este asunto y cumplió con la encomienda, pero no como se le encargó, que era solucionar los problemas que implica esa actividad, sino para buscar que proliferaran dichos vehículos.
El periodo en que se desbordó el problema de los mototaxis fue al final del sexenio anterior cuando José Guadalupe Castillo suplió como titular de la SCT a Valentín Meneses Rojas, quien fue nombrado titular de Gobernación. El problema de fondo, es que el primero de ellos no tuvo el suficiente carácter para controlar a los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Y esa condición permitió a Lázaro Jiménez Aquino y a Juan Manuel Alcántara Silva, quien era jefe del Departamento de Logística, operar la autorización desmedida de mototaxis a espaldas de José Guadalupe Castillo.
Es en ese periodo fue cuando el número de mototaxis circulando llegó a más de 3 mil 500 unidades, en más de 40 municipios del estado, y para ello mediaron permisos cuyo costo iban de los 7 a los 12 mil pesos. Lo que habría dejado “ganancias” por entre 30 y 48 millones de pesos.
El otro ex funcionario involucrado es Juan Manuel Alcántara, quien es hermano de Jaime Alcántara Silva, quien es un hombre cercano a la ex presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y actual aspirante a ser candidata en 2012 a jefa de gobierno en el Distrito Federal.
Dicen que Juan Manuel Alcántara estaría en Puebla y al igual que Lázaro Jiménez Aquino, no ha querido responder a los llamados de los marinistas.
Trascendió que el interés de la gente del anterior gobierno de buscar al hermano de Jaime Alcántara es que algunos propietarios de mototaxis sostienen que con él arreglaron los permisos para circular, entre otras razones, porque les habría enseñado un oficio en el que un alto funcionario del Poder Ejecutivo supuestamente le autorizaba a atender el tema de dicho servicio alternativo de transporte público.
Por eso, Juan Manuel Alcántara se presentaba como el “gestor oficial” de los permisos de los mototaxis.
Y eso lo hacía con la complacencia de Lázaro Jiménez Aquino, quien era su jefe inmediato.
Ahora, ambos siguen el mismo patrón: guardar silencio y no darle la cara al grupo marinista.
¿Qué se especula?
Que tal vez Juan Manuel Alcántara pudiera estar esperanzado que su hermano Jaime pudiera emprender una negociación con el actual gobierno para que a él y su ex jefe no sean procesados.
Que se estaría aprovechando la buena relación que existe entre Beatriz Paredes Rangel y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, la cual nació cuando ambos fueron parte de la Fundación Colosio.
¿Será esto posible?
Todo apunta a que no. Al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas le urge emprender acciones contra funcionarios de la anterior administración y el asunto de los mototaxis parece ser el idóneo.
