Marín incumplió acuerdo con RMV sobre el OFS
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Que uno de los muchos acuerdos celebrados entre Mario Marín y Rafael Moreno Valle tras las elecciones del 4 de julio de 2010, tuvo que ver precisamente con el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana.
En uno de sus encuentros, el entonces gobernador electo puso sobre la mesa la necesidad de liberar esa importante posición, clave para revisar y supervisar, y en su caso sancionar, el ejercicio de los recursos públicos en todo el estado.
Marín, que no tenía por qué ni con qué oponer resistencia, dijo sí.
Se fijó un plazo de seis meses a partir de febrero del presente año para que Hernández Quintana, al fin pieza marinista, renunciara al cargo aduciendo los acostumbrados y clásicos “motivos personales”.
La fecha llegó y el acuerdo no se cumplió.
Víctor Manuel seguía como Auditor General, sin dar señales que mostraran su disposición para marcharse.
Con la intención de refrescarle la memoria le mandaron primero a Guillermo Aréchiga.
Nada pasó.
Después a Fernando Manzanilla.
Tampoco.
Luego entonces se desencadenaron los hechos ya conocidos.
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Que lejos de ayudar a su causa, la historia aquella de la bodega cedida en comodato durante dos años, ¡gratuitamente!, y además por uno de sus subordinados, acabó por enterrar los repentinos deseos de Hernández Quintana por enfrentar en el terreno mediático a las autoridades judiciales.
La primera incoherencia que saltó a la vista después de leer las copias enviadas por el auditor general a los medios fue que éste hubiera encontrado un alma caritativa que cediera, sin cobrar un solo peso, una propiedad personal para usufructo de un organismo público.
La segunda, todavía más incomprensible, trascendió después de conocer el nombre de esa presunta alma caritativa.
El propietario de la bodega ubicada en el predio denominado Casa Blanca, calle Volcanes número 63 Geovillas San Jacinto, en Cuautlancingo, es ni más ni menos que Luis Medel Guerrero, quien se desempeña (quién sabe hasta cuándo) como coordinador de Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera del mismísimo OFS.
Varias inconsistencias presentadas en los contratos de comodato y arrendamiento, pero ésta en particular, fueron las que llevaron al diputado Mario Riestra y al procurador Víctor Carrancá a presuponer que el auditor general, en un acto desesperado, estaba haciendo uso de documentos hechizos, falsos pues.
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Que quien está cerca de meter en un brete a su amigo (¿y jefe?) el gobernador, es el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Guillermo Aréchiga Santamaría.
El diputado del Partido Nueva Alianza ha levantado todo tipo de especulaciones por su proceder en el caso del edil destituido de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar.
Aréchiga ha retrasado la validación del dictamen aprobado en el pleno el 28 de septiembre, en el que se ordena la salida del presidente de ese municipio por el incumplimiento en la comprobación de 19 millones de pesos del erario, mientras se desempeñó en ese mismo cargo en el trienio 2005-2008.
Al principio se creyó que se trataba de una simple negligencia.
No obstante, toda esta semana se rumoró otra cosa.
Que el retraso de Aréchiga, deliberado, tendría su origen en un acuerdo reciente realizado con el edil para denunciar penalmente a Hernández Quintana, como hizo.
Y que a cambio Loeza ganaría su permanecería al frente del Ayuntamiento.
