Moreno Valle enfrenta dilema de castigar o perdonar corruptelas de Marín
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Dentro de una semana se cumplirá el plazo de 90 días que la ley otorga a los secretarios y funcionarios de la administración estatal entrante para que concentren en la Contraloría del estado sus observaciones sobre anomalías o irregularidades en el proceso de entrega-recepción.
Eso significa que a partir del lunes 2 de mayo los poblanos sabremos hasta dónde llegará el compromiso del gobernador Rafael Moreno Valle de combatir “frontalmente la corrupción hasta alcanzar niveles de transparencia y honestidad similares a los de los países mejor calificados en el mundo” y de revisar puntualmente el ejercicio de los recursos de la pasada administración.
Y también qué tanta capacidad tiene la secretaria de la Contraloría, Irma Patricia Leal Islas, para iniciar procedimientos administrativos a los funcionarios de la pasada administración que incurrieron en abusos y excesos, integrar expedientes, acreditar anomalías y fincarles responsabilidades.
El bono democrático que los poblanos le entregaron a Rafael Moreno Valle en las elecciones de julio pasado podría comenzar a mermarse si después de cumplirse el plazo de 90 días, la gente no percibe acciones concretas en contra de aquellos que desviaron recursos o se enriquecieron de manera ostensible a costa del erario público.
Nadie en su sano juicio quiere que el gobernador se enfrasque en una persecución política o cacería de brujas en contra de las principales figuras del marinismo, o que la gobernabilidad del estado se ponga en crisis por un conflicto entre grupos antagónicos. Pero tampoco —y eso lo deben entender las nuevas autoridades— que quienes en el gobierno se corrompieron y amasaron inconfesables fortunas, aprovechándose de los bienes públicos, sigan en la impunidad.
Lo menos que los poblanos esperan de Moreno Valle y la contralora Irma Patricia Leal al cumplirse el plazo de 90 días de la entrega-recepción de la administración estatal, es que la ley se aplique sin reservas y sin excepciones, y que aquellos funcionarios de la pasada administración que no pueden aclarar ni solventar las observaciones que se les hagan, sean objeto de procesos administrativos y judiciales.
Tela de donde cortar hay mucha.
Ahí están, por citar sólo algunos casos, las deudas ocultas que por pasivos a proveedores y contratistas han venido apareciendo en varias secretarías y dependencias; los miles de permisos ilegales que se extendieron para mototaxis; y las obras inconclusas y malhechas en el Centro Expositor, La Célula, el velódromo Salomón Jauli Dávila, y el Centro de Alto Rendimiento Mario Vázquez Raña.
La falta de comprobación de más de 600 millones de pesos en la Secretaría de Salud; la cloaca de las Casas Puebla en Estados Unidos y Madrid; los sobrecostos en las despensas del DIF y la manipulación del padrón de niños beneficiados con desayunos calientes y fríos; los millones de pesos que se desviaron a través supuestas ONG´s en la Secretaría de Desarrollo Social; y las millonarias transferencias de recursos públicos a cuentas personales de secretarios de gabinete.
En su propuesta de gobierno, esa de “Cumplo mis compromisos o me voy”, Moreno Valle ofreció —y firmó ante notario— impulsar “un gobierno intolerante a la corrupción, donde el funcionario ineficaz se vaya a su casa y el deshonesto se vaya a la cárcel”, “porque ya estamos cansados de ver funcionarios corruptos que se enriquecen a costa del pueblo”.
Ojalá lo recuerde, y su contralora actúe en consecuencia.
