Moreno Valle habría pactado salida de 10 magistrados del TSJ
joomla.2009
Emisarios del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas habrían logrado pactar con integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dejen sus cargos 10 de los 12 magistrados que a finales de 2010 iniciaron el proceso de jubilación bajo la condición de que se vayan a lo largo de este año y obtendrán un retiro que será equivalente a su salario íntegro que actualmente perciben. Dicha medida servirá para generar una renovación del Poder Judicial, pero que no necesariamente será positiva.
Entre los magistrados que podrían salir como resultado de ese acuerdo están Fernando García Rosas, Álvaro David López Rubí, Blanca Louvier Díaz, Leonardo Tecuapetla, Francisco Javier Vázquez Motolinia, Carlos Enrique Hernández Ramírez, Juan José Barrientos Granda, María de los Ángeles Juárez Hernández y León Dumit.
Desde luego que será sano que se vayan algunos magistrados que convirtieron el TSJ un monumento al nepotismo, la corrupción e ineficacia; sin embargo, eso no necesariamente significa un cambio. Veamos por qué:
Al otro día de que Rafael Moreno Valle tomó posesión, mandó al Congreso local un paquete de reformas, entre las que se incluyó la que propone la creación del Consejo de la Judicatura del TSJ, el cual es un órgano que limitaría a los magistrados para nombrar o remover a sus pares, así como a los jueces. Dicho de otra forma, se busca ponerles un límite para que no sigan llenando el Poder Judicial de parientes, amigos, amantes y empleados.
El proyecto se sustenta en el diagnóstico que se invocó en 1994 para crear el Consejo de la Judicatura a nivel federal, en el sentido de que ese órgano sirve para “evitar indeseables vínculos de subordinación y dependencia –clientelismo–, producto de la facultad –de los magistrados– para nombrar y destituir a los inferiores jerárquicos”.
Por eso se busca que ahora ese Consejo de la Judicatura, que además de hacer nombramientos, controlaría los recursos materiales del TSJ, estaría integrado por representantes de los magistrados, así como de los poderes Ejecutivo y Legislativo; es decir, se buscaría un equilibrio en la toma de decisiones.
Frente a tales circunstancias se dibujan dos posibles escenarios:
1. Todo lo anterior no suena mal si tales cambios sirven para que las 10 vacantes que quedarán en el pleno del TSJ son ocupadas por abogados que tengan carrera judicial; es decir, que ya hayan sido secretarios de juzgados o jueces y tengan pleno conocimiento de los menesteres de la administración de la justicia, y obviamente que su selección sea resultado de exámenes de oposición, su anterior desempeño profesional se haya realizado en el estado de Puebla y tengan antecedentes de no haber cometido abusos.
Si se hacen así las cosas, el Poder Judicial de Puebla podrá tener un cambio de 180 grados que permitiría despolitizar la administración de justicia en el estado y que se deje de vender al mejor postor.
2. Por las condiciones que prevalecen en el nuevo régimen todo hace suponer que la renovación del Poder Judicial podría significar una regresión y no un avance. Que se harán cambios para que todo siga igual.
Dada la dinámica que sigue el gobierno de Moreno Valle, todo hace suponer que el retiro de 10 magistrados y la creación del Consejo de la Judicatura servirá para que las vacantes del pleno del TSJ puedan ser ocupadas por abogados fuera de Puebla o que sean amigos del mandatario; asimismo, que estén vinculados a siniestros personajes del pasado.
Queda claro que el gobierno del estado controla al Congreso, y entonces tendría el control de dos terceras partes del nuevo Consejo de la Judicatura y que ese control del Ejecutivo del Congreso es a la vieja usanza del PRI; es decir, los nuevos legisladores del PAN, el PRD y el Panal, que ahora son mayoría, votan las iniciativas que le manda el gobernador de manera ciega, sin analizar nada, en tiempo récord y sin tomar en cuenta la opinión de especialistas o de la ciudadanía.
Aunque para ser justos, los diputados del PRI cuando eran mayoría por lo menos cuidaban las formas y daban un margen para la discusión; e incluso, en algunos asuntos, disentían con el gobernador.
Para muestra es necesario recordar que hace dos sexenios un grupo de diputados del PRI frenó una iniciativa del entonces gobernador Melquiades Morales Flores que proponía darle facultades al jefe del Poder Ejecutivo para liberar a presos sentenciados por delitos graves, y es que el mandatario tenía a un compadre que había sido encarcelado por secuestro y lo quería ayudar a salir del bote.
Queda claro que en la nueva Legislatura local se están agotando los bonos democráticos de Rafael Moreno Valle Rosas, ya que ahí se está evidenciando su falta de compromiso con la democracia, la transparencia y la defensa de los derechos humanos.
La posición del secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla, expresada ayer, de que no es necesario hacer una consulta para discutir la iniciativa de reforma de los llamados “delitos de prensa”, no parece la de un político que llegó al poder con la bandera del cambio, sino es propia del más rancio autoritarismo de los años 60 del siglo pasado.
Y la reforma para incrementar las penas por el delito de despojo colectivo, que los diputados aprobaron sin consultar a nadie, parece encaminarse a perseguir movimientos sociales de defensa de la tierra y dar protección institucional a los negocios inmobiliarios que se hacen a la sombra del poder político; por tanto, existen suficientes elementos para dudar que se busque un cambio positivo con la renovación del TSJ.
Buscan nuevo cargo para
Miguel Ángel Hernández Jiménez
Si los anteriores argumentos no suenan convincentes para no creer en los cambios que está buscando el gobierno de Moreno Valle, vale la pena revisar lo siguiente:
Miguel Ángel Hernández Jiménez es un personaje oscuro del Poder Judicial poblano. De él hay antecedentes de abusos y supuestos actos de corrupción cuando fue juez en Teziutlán, Tecamachalco, Tehuacán y Puebla capital.
Hace dos semanas el nuevo gobierno lo quiso nombrar titular de la Procuraduría del Ciudadano; para ello, no se revisó su pasado, simplemente se tomó en cuenta que es sobrino del ex presidente del TSJ, Geudiel Jiménez Covarrubias, y además es recomendado del ex gobernador Mariano Piña Olaya, quien ha sido el peor mandatario que ha tenido el estado en los últimos 30 años.
Un grupo de 500 integrantes de la Asociación Civil en Pro de los Derechos Humanos de los Procesados en Puebla protestaron mediante un texto que mandaron a Fernando Manzanilla, y eso propició que se frenara el nombramiento de Miguel Ángel Hernández Jiménez, lo cual a todas luces parece una actitud positiva del gobierno de Moreno Valle.
Pero esa alegría duró poco. Se sabe que ya le están buscando otro cargo a Miguel Ángel Hernández Jiménez.
¿Entonces, hay un cambio en Puebla? De colores sí, pero de vicios no.
