ONG: 47 poblanas acusadas de abortar en los últimos dos años
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La Procuraduría General de Justicia (PGJ) acumuló en los últimos dos años un total de 47 averiguaciones previas en contra de mujeres poblanas acusadas de abortar –de las cuales nueve ya fueron consignadas ante un juez-, reveló Natalí Hernández, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Señaló que esta situación es lamentable, tomando en cuenta que como ser humano la mujer tiene la facultad de decidir sobre su cuerpo y más aún si las circunstancias la arrojaron a un embarazo por violación o existen riesgos en el producto.
Explicó que 30 casos se reportaron durante 2009 y 17 más se acumularon el año pasado. Entre las 47 mujeres que son perseguidas por el delito de aborto hay incluso menores de edad, pues el rango reconocido por la propia PGJ es de 12 a 47 años.
Hasta hace un año las autoridades locales no habían revelado esta situación, pero fue gracias a una solicitud de información que Natalí hizo ante el obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (Maipep) que logró recabar datos fidedignos.
Tras varias solicitudes, la representante de la organización civil Ddeser consiguió que la PGJ detallara más sobre las acusaciones en agravio de féminas que se practicaron o que padecieron un legrado accidental.
De las 30 averiguaciones integradas durante 2009, siete se registraron en la capital, ocho más en el municipio de Tehuacán, mientras que Acatlán, Oriental, Huauchinango e Izúcar de Matamoros acumulan dos casos cada uno, y San Pedro Cholula, Tehuitzingo, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez y Teziutlán un caso en cada demarcación.
A decir de la exdiputada Rocío García Olmedo, quien se caracterizó por defender los derechos de las mujeres y a la fecha brinda asesoría jurídica a las afectadas, estas mujeres podrían ir a la cárcel por abortar, debido a que la entidad no ha despenalizado dicha práctica.
El seguimiento que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha dado a estos casos no aclara que los abortos fueron involuntarios, es decir, que ocurrieron por complicaciones propias del embarazo e incluso medicaciones incorrectas.
Obstáculos legislativos
El sector femenil ha luchado incansablemente por ampliar sus garantías, pero fue en marzo de 2009 cuando el denominado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir cobró mayor fuerza y emprendió una serie de protestas y recursos jurídicos en 17 estados que han reformado sus constituciones para crear leyes que permiten el aborto.
No obstante, el conservadurismo característico de las legislaturas locales ha impedido progresar en la conformación de una ley, o bien, la despenalización del aborto.
En la LVII Legislatura, fue precisamente Rocío García Olmedo quien intentó interponer un recurso de inconstitucionalidad por la denominada ‘Ley de la Familia o Ley Bailleres’, con la cual se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte.
Sin embargo, el cometido no se logró debido a que, de acuerdo con la norma, es necesario reunir 33 por ciento de firmas de igual número de diputados en el Congreso local para iniciar un recurso de inconstitucionalidad por la Ley Bailleres.
Intento frenado inmediatamente
El pasado 7 de marzo, el diputado de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, presentó la iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Puebla.
Durante la sesión ordinaria de aquella fecha, el legislador hizo uso de la tribuna para defender la libertad de decisión de las mujeres y recordar a los poderes en turno que en el estado prevalece el principio de laicidad.
Según la iniciativa, es necesario reformar los artículos 339 al 343 del Código de Defensa Social -mismos que actualmente penan los legrados-, para legalizar la práctica.
La propuesta delimita que es óptimo permitir el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, para no afectar la salud de la madre o dañar a un producto más desarrollado en la posteridad.
Las causales para practicar englobarían principalmente problemas eugenésicos o riesgos de muerte en la madre.
Datos expuestos por el llamado “niño naranja” indican que la tasa de abortos en México es de 2.3 por ciento.
Aquel lunes la iniciativa causó un largo debate entre las fracciones parlamentarias, pero finalmente fue enviada a la congeladora.
Guillermo Aréchiga Santamaría, presidente de la Gran Comisión en el Congreso del Estado, sentenció que la despenalización del aborto no es un tema prioritario para la LVIII Legislatura, por lo que quedó fuera de la agenda.
Difícil Panorama
Natalí Hernández criticó la premura con la que fue presentada esta última propuesta de despenalizar el aborto.
La activista explicó que la ley fue creada ‘al vapor’ y por ende tiene un sinfín de vacíos jurídicos, que más que beneficiar entorpecerían los derechos de las mujeres.
“Vemos que los derechos de las mujeres son utilizados como un botín político (…) La despenalización del aborto no es un tema que tomen en serio, no le dan el grado de compromiso y seriedad que merece, es necesario consensarlo con organizaciones civiles y abonar más al discurso de la despenalización”, comentó.
Más grave que estos ‘shows’ políticos, consideró, es el complejo escenario que viven las poblanas ante la llegada de gobiernos panistas y un congreso que está dominado por esta misma fuerza.
