Operadores marinistas buscan golpear a RMV con tema de despenalización de la difamación
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Pese a las sugerencias, comentarios y quejas plasmadas en las redes sociales y en desplegados, además de la promoción de foros como el que realizará el miércoles la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), es casi un hecho que este martes la LVIII Legislatura poblana aprobará cambios diversos para trasladar del ámbito penal al civil la regulación del derecho de réplica, la difamación y la calumnia.
No hay que soslayar que el río revuelto en que se ha convertido el asunto, ha ocasionado que operadores de medios ligados a Mario Marín busquen capitalizar la discusión para golpear a la nueva administración, cuyos yerros y premura en la estrategia para cumplir a la brevedad el anuncio que hizo el gobernador Moreno Valle en su toma de posesión, han dejado de lado lo inédito de esta experiencia, que podría convertirse en un acto inconstitucional y en un arma de doble filo.
Ernesto Villanueva, miembro de Fundalex, académico de la UNAM y director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLA, develó tres argumentos respecto a la inconstitucionalidad de regular el derecho de réplica en Puebla, que cito textualmente:
1.- Actualmente la Ley de Imprenta que es preconstitucional (previa al inicio de vigencia de la Constitución de 1917) regula el derecho de rectificación. Lo hace sólo por lo que concierne a la prensa porque obviamente no se había descubierto en esa fecha la radio y la televisión. Se trata, además, de una norma imperfecta: no establece un procedimiento para proceder en caso de incumplimiento. Técnicamente sería una ley inconstitucional, pero la Suprema Corte le reconoció validez “entretanto el legislador no legislara al respecto”.
2.- En la reforma constitucional de 2007 se adicionó el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución federal incluyendo el derecho de réplica, de esta suerte el legislador (el denominado Constituyente Permanente o poder reformador de la Constitución) ya legisló inicialmente. Falta la expedición de una ley reglamentaria que es atribución exclusiva del Congreso de la Unión, no de un congreso local.
3.-. La regulación que se hace en la iniciativa del gobernador Moreno Valle tiene dos grandes problemas: de forma, es inconstitucional; de fondo, reproduce la imperfección de la Ley de Imprenta; en otras palabras, para que un medio o comunicador estuviera obligado a difundir la réplica pasaría al menos dos años de un juicio civil, lo que hace absurda la garantía para la réplica.
De aprobarse la iniciativa del gobernador, el 33 por ciento de los diputados del Congreso de Puebla, podría presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la que se apruebe respecto al derecho de réplica.
Habrá que escuchar lo que se diga al respecto en el foro de este miércoles que organizan Amedi, Ibero y Upaep a las 11 horas en el auditorio Manuel Acévez de la Ibero. La discusión apenas empieza.
