Opositores de fábrica El Dragón cierran Presidencia de Izúcar
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Los integrantes del cabildo de Izúcar de Matamoros acudieron hoy a la Secretaría General de Gobierno para pedir la intervención de las autoridades estatales y liberar la presidencia municipal tomada por integrantes del Comité Ciudadano, que se opone a la reapertura de la Fábrica Agricultura Nacional SA de CV, conocida como El Dragón.
El edil Carlos Gordillo Ramírez indicó que urge la recuperación de las instalaciones, luego de sumar cinco días cerrada. “Estamos trabajando en oficinas alternas y hemos estado directamente dedicados a atender los problemas en las inspectorías y juntas auxiliares.”
Son alrededor de 20 personas las que impiden el acceso del edil al palacio municipal. A este grupo se unieron extrabajadores del ayuntamiento que fueron despedidos por Gordillo, así como personas que se dicen inconformes por los resultados en las juntas auxiliares.
Este viernes se iniciarán las mesas de negociación en las sedes alternas del ayuntamiento, para dirimir el conflicto y lograr la reapertura de las oficinas.
Aseguró que él no está a favor de la empresa de pesticidas, al confirmar que extendió una cédula de empadronamiento, pero que ello fue para cumplir con un mandato del juez y no por estar a favor de la reapertura.
Cabe mencionar que a principios de junio fue cuando el ayuntamiento entregó la cédula de empadronamiento, situación por la que la empresa manifestó que podía reabrir de inmediato.
El director de operaciones de El Dragón, Martín Fueyo McDonald, anunció el 8 de junio que la empresa reabriría sus puertas en ese mismo mes, cosa que no ocurrió.
La razón para anunciar la reapertura fue porque se les otorgó una licencia de funcionamiento a un año 3 meses de permanecer cerrada la empresa, tras la explosión de tres contenedores de una sustancia corrosiva.
En esa ocasión, Fueyo McDonald solicitó al Comité Ciudadano lograr por consenso decisiones que beneficien a la región, para dejar la resistencia que se mantuvo durante 14 meses y que dejó como pérdidas más de 70 millones de pesos ante la clausura de la fábrica de fertilizantes y plaguicidas, luego de que por un error humano se generó la explosión de una sustancia corrosiva que provocó el desalojo de cientos de familias de la región.
