PRD renuncia a su agenda y sepulta discusión sobre despenalización del aborto en Puebla
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Mientras el dirigente estatal de Convergencia y diputado José Juan Espinoza decidió el martes abrir el debate en torno a la aprobación o el rechazo a la legalización del aborto, el legislador perredista Éric Cotoñete le puso ayer un punto y aparte a la discusión, por sí misma intensa y una verdadera amenaza que vulnera la unidad de la mayoría legislativa de Compromiso por Puebla.
Seguro no fue fácil, porque para los perredistas es un tema debatido y que forma parte de su plataforma en cuanto al respeto a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo; la antítesis es del panismo, que lo considera un delito desde la concepción y uno de los mayores obstáculos para una hipotética alianza PAN-PRD para las presidenciales del 2012.
En forma contundente y para que nadie tenga dudas, el partido de la Revolución Democrática renunció a temas propios, como: muerte asistida, despenalización del aborto y sociedades en convivencia, las cuales no serán puestas a discusión por su fracción parlamentaria en el Congreso local.
La decisión, explicó, “es para mantener la coalición de la izquierda con la derecha a través de Compromiso por Puebla”. El asunto se cerró para esta Legislatura.
El tema no se agota sólo en las posturas políticas y en los foros que anuncian para discutirlo –es más, ayer el nuevo dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, abrió el debate sobre el aborto en una reunión con mujeres priistas–. Ahí está el caso de Guadalupe Luna, una joven de 20 años originaria de Tehuacán, quien está procesada por haberse inducido con medicamentos la suspensión de gestación en su quinto mes.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México denunció que en Puebla se persigue más a las mujeres que deciden suspender su embarazo que a los secuestradores o narcotraficantes.
Señalan que médicos, fiscales y policías criminalizaron a Guadalupe y la sometieron a tratos ofensivos. Incluso montaron una guardia policiaca afuera de su cuarto, como si se tratara de una persona peligrosa, y tomaron su declaración ministerial cuando aún estaba convaleciente. La joven fue atendida en la clínica del IMSS de Tehuacán el 1º de marzo, cuando llegó con una hemorragia vaginal que derivó en la expulsión del producto.
El 4 de marzo, Luna fue detenida por policías ministeriales y llevada a las instalaciones de la Procuraduría estatal, donde estuvo hasta que sus padres pagaron una fianza de 20 mil pesos. Ahora será enjuiciada pues la legislación estatal, reformada hace dos años, establece que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.
La realidad está ahí: dura, conflictiva y más allá de los acuerdos políticos, porque es un problema de salud pública. Les guste o no a los partidos, se despenalice o no la suspensión del embarazo. La discusión, tarde o temprano, se dará.
