Salida de Cruz Pérez no acaba con corrupción en Ceresos de Puebla
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A un día de vencido el plazo fijado por la Comisión de los Derechos Humanos (CDH), al secretario de Seguridad Pública del Estado, Ardelio Vargas Fosado, que requería instruyera al director de los Centros de Readaptación Social de Puebla, Aldo Enrique Cruz Pérez, de abstenerse de externar comentarios que induzcan a afectar la dignidad de las personas —por sus comentarios homofóbicos sobre los matrimonios del mismo sexo—, el director de los Ceresos “Monseñor Aldo”, le fue aceptada su renuncia “por motivos personales”, además de que otro de sus más cercanos colaboradores, Edmundo Ramsés Castañón Amaro, tuvo que presentar el mismo documento y también le fue aceptado.
La renuncia de Aldo Enrique, que entre líneas se lee “está usted despedido”, termina con una era de oscurantismo al interior de los Centros de Readaptación, con una cadena de abusos de autoridad y de actos de corrupción, por no decir tráfico de drogas, contrabando, tráfico de influencias y otros más que pusieron en las páginas negras los sistemas de readaptación poblano y que provocaron que al interior de las prisiones poblanas se entretejieran nexos con el crimen organizado.
Aldo Enrique, el hombre —que fuera de sí— pateó en varias ocasiones el cesto de basura del ahora exsecretario de Seguridad, general Mario Ayón, para demostrarle su fuerza política y que no podía despedirlo, en estos momentos debe de estar preparando todos sus mecanismos de defensa, porque va a ser acusado de cometer muchos abusos no sólo a personal de seguridad y custodia, sino a los mismos internos a quienes afectó al permitir el ejercicio de delitos al interior de penales, como la venta de protección, el caso omiso de la operatividad de grupos delictivos que perpetraban chantajes a través de teléfonos que les permitían tener venta de drogas de todos los tipos, además de “como en los tiempos de la mafia italiana”, “permisos” para la renta de televisores, de habitaciones cinco estrellas al internos que podían pagar 15 mil pesos al mes y muchos y muchos excesos que otorga el poder ilimitado.
La salida de “Monseñor Aldo”, no termina la corrupción que impera en los centros de readaptación, debe de hacerse como consecuencia una limpia, de entrada terminar de tajo con los privilegios, en todo el estado de presos que deben de ser sujetos a una readaptación en lo que duran sus condenas y no cobrarles protección para que estos erijan imperios delictivos.
Centros de readaptación como el de Puebla, deben de ser objeto de una concienzuda revisión, desde los permisos para la venta de comida, refrescos —negocio monopolizado a una sola empresa—, hasta las habitaciones de lujo donde viven delincuentes que pagan fuertes sumas de dinero para no mezclarse con la población de procesados y de sentenciados.
De esta limpia vamos a estar muy pendientes.
