Una entrevista en 1992
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“Como ustedes saben…
los jefes gobiernan
con tiranía a sus súbditos,
y los grandes hacen sentír
su autoridad sobre ellos.”
Mateo 20:25
En 1992, la editorial Porrúa me publicó el libro: “Las Normas del Poder. Puebla un espejo de la Nación”.
A raíz de ello, el entonces reportero de El Universal, Mario Alberto Mejía, me entrevistó. Ahora juzgo oportuno compartir algunos fragmentos.
Mario Alberto afirmó esa tarde: “Las Normas del Poder” es realmente, muy buen espejo de Puebla.
Para la vida de una entidad, después de la Constitución es vital, la Ley electoral; ésta es la más importante de todas las leyes. La norma electoral dá las reglas para la constitución de los poderes; esto es, el poder legislativo, del cual precisamente van a emanar todas las demás leyes, inclusive la modificación, de la propia Constitución Política.
De estos dos poderes deriva la integración del poder judicial: el nombramiento de los magistrados.
Este proceso exige que a través de la discusión, de la confrontación de las ideas, tanto de los partidos políticos como la sociedad civil se dilucide lo más conveniente.
Es indispensable una participación limpia en la conformación de la ley, no hay que actuar con premeditación, menos con alevosía y ventaja, ya que entonces se manosea la voluntad popular, y por lo tanto al poder.
Construyamos una autoridad legal y además una autoridad política, moral y ética.
Todos los actos de gobierno estarán corrompidos, están llenos por su propia naturaleza, de aquello que va en contra del bien de la sociedad, de la familia, de la persona y de la propia autoridad.
Para hablar de una nueva norma electoral, es necesario tener presente los antecedentes negativos, para que no repitamos eso y no sean una carga, a veces invisible o imperceptible pero determinante en la constitución y en el ejercicio del poder.
Por eso es importante el antecedente, la historia, para que entendamos cuando son por el bien de la sociedad y cuando en su perjuicio.
Hay que dar vida jurídica y real a los principios de imparcialidad, equidad, certeza, legalidad e independencia.
La voluntad política de los organismos de la sociedad civil y de ésta como tal es indispensable para construir una Ley Electoral democrática, a salvo de manipulación.
En conclusión, que los electores hagan valer su propia representación que es connatural a su propia existencia, que no necesita reconocérsela nadie, ni siquiera la ley, para que los ciudadanos podamos exigir cómo tiene que ser la norma con esos principios.
Nadie es dueño de la verdad, nadie nos puede prohibir externar nuestra opinión, independientemente de que tengamos razón o no y menos condenarnos.
Nadie en sus cabales, sin perversión alguna, va a proponer algo que sea negativo. Los partidos políticos, las instituciones públicas y la participación de los medios de comunicación, de forma imparcial, atendiendo a la verdad, con una gran ética política, es necesaria para contar con una Ley Electoral que sea instrumento eficaz para canalizar la voluntad popular.
Así tendremos la mejor ley electoral, ¿Por qué? Porque ya tenemos las experiencias de no caer en las trampas que solapadamente, a veces, nosotros mismos constituimos.
Es necesario evitar la perversión de los partidos políticos, de las diversas instancias gubernamentales y de los poderes fácticos y no actuar con premeditación, alevosía y ventaja para tener normas electorales avanzadas.
Ahora quisimos la creación de un Código Electoral, que fuera el más avanzado en el país.
La redistritación, las prerrogativas, los medios de comunicación, la creación de partidos estatales y la ciudadanización de los organismos electorales eran el eje de referencia que demandaba la sociedad. Entonces íbamos en el camino correcto.
Logramos que la lista nominal de electores tuviera la fotografía del elector, también apoyamos la creación de los partidos políticos regionales o estatales, los cuales son fundamentales para la competencia con los partidos políticos nacionales.
La competencia hará que los partidos políticos mejoren su calidad, su oferta, sus candidaturas.
¡Siempre se ha estimado que es más importante el poder que los ciudadanos, puede ser que sí lo sea, pero no a cualquier costo!
En la reforma de 1992, se abogó por las candidaturas comunes.
“¿Quién va a ser el organismo operador, rector del proceso electoral?” Se tiene que integrar por ciudadanos.
“¿Usted está a favor de la ciudadanización?” Por supuesto, no se puede dar marcha atrás, porque el gobierno no puede ser juez y parte. Los requisitos de estos ciudadanos tienen que ser: nunca haber tenido cargo de elección popular, cargo partidista y tampoco cargo gubernamental.
Solamente la imparcialidad y la objetividad harán viable la democracia real.
Debe seguir participando el poder legislativo, uno de la mayoría y uno de la primera minoría. El poder ejecutivo ¡por supuesto no!
Los consejos distritales y los consejos municipales, deben integrarse con ciudadanos con esas características.
Tenemos que perfeccionar la integración de las Mesas Directivas de Casillas, por insaculación, buscando que cumplan con ciertos requisitos: de 21 a 50 años de edad y escolaridad mínima de preparatoria. Los cargos tienen que ser obligatorios.
Los candidatos deben cumplir ciertos requisitos: declaración patrimonial pública, y aplicar sanción a quién declare en falsedad.
Sí a los candidatos independientes, o sin partido registrado.
Sí al plebiscito y al referéndum, a la iniciativa popular y a la revocación del mandato.
“¿Y la reelección de diputados y alcaldes?” Sí a la reelección y/ó a la ampliación del periodo de mandato
“¡Don Pepe: está usted muy reformador!”
¡No, simplemente es lo que la mayoría del pueblo demanda!
Estos son fragmentos de la entrevista de Mario Alberto, a quien hoy, reitero reconocimiento a su alta calidad profesional.
Estimado lector tengo dos correos electrónicos a través de los cuales recibiré sus comentarios:
alarconpuebla@yahoo.com.mx y alarconpuebla@hotmail.com
