A la fosa común, 24 mil muertos en el sexenio de Calderón
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Según una investigación realizada por Milenio, 2011 fue el año en que los restos de más personas fueron depositados en dichos espacios: 4 mil 927 cadáveres
Milenio informa que 24 mil 102 personas: el equivalente a la mitad de un estadio de futbol o una ciudad de mediano tamaño. Ese es el número aproximado de cuerpos que se han ido a la fosa común al cierre del actual sexenio. Y es un cálculo altamente conservador. No incluye registros completos de los estados más violentos de México, como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.
A lo largo del sexenio que ya termina, miles de cuerpos han sido enterrados en el anonimato. Varios más se les suman todas las semanas: son migrantes, indigentes, personas sin familia, víctimas de homicidio y criminales -además de osamentas y restos corporales sin dueño aparente-, que se hallan enterrados y en muchas ocasiones apilados en cementerios por todo el país, desde la frontera con Estados Unidos hasta la península de Yucatán. Son cadáveres sin identidad catalogados en los registros oficiales únicamente como NN. Ningún Nombre.
Una amplia investigación periodística de MILENIO, realizada con base en más de 470 solicitudes de transparencia presentadas ante servicios médicos forenses estatales, gobiernos municipales y hasta la administración de pequeños cementerios locales, permite esbozar los primeros trazos de un atlas nacional de cadáveres no identificados.
Entre los datos que se desprenden de la investigación están dos hechos paralelos: 1) algunas procuradurías de justicia no quieren revelar las cifras de muertos sin identificar bajo su poder. Y 2) el número de cuerpos remitidos a fosa común ha escalado año con año desde el inicio del sexenio, a la par del número de ejecutados, criminales abatidos y víctimas en general de la violencia. En promedio, 10 cuerpos sin nombre o sin reclamar han sido inhumados diariamente.
Hasta ahora, con las cifras de 2012 aún inconclusas y actualizadas solo hasta agosto y septiembre, 2011 es el año en el que los restos de más personas fueron depositados en espacios comunes, sin el beneficio final de una lápida de identificación: 4 mil 927 cadáveres jamás fueron reclamados en ese año, durante el que, coincidentemente, se registró el mayor número de ejecuciones vinculadas al crimen organizado en la administración de Felipe Calderón.
El panorama que pintan los documentos obtenidos muestra también que en algunas ciudades, como Juárez, Celaya y Monterrey, fueron procesados tantos cadáveres en condición de abandono que la capacidad de los panteones quedó rebasada o cerca del tope. En consecuencia, nuevas zanjas y panteones han debido ser excavados. Es un escenario que se repite por toda la República, con fosas comunes que se están agotando o cementerios que han comenzado a reciclar sus espacios, al extraer y desechar restos de siete años de antigüedad.
Algunas ciudades y estados vieron el número de NNs multiplicarse vertiginosamente. En Nayarit se triplicó la cifra en tres años. En Baja California creció en un 100 por ciento. En Torreón se multiplicó 10 veces. En el puerto de Veracruz hubo más de mil cadáveres sin identificar en 2011. Durango pasó de haber inhumado ocho cuerpos sin nombre en 2006 a 438 en 2011 (ver gráficas).
No solo eso. El descontrol en el manejo de los restos sin identificar priva en muchas entidades y gobiernos, según se desprende de varias de las respuestas obtenidas dentro de este ejercicio, que tomó más de tres meses en su elaboración y para el que fue necesario crear una base de datos con miles de cifras. Pero esas son las que han sido recuperadas: faltan las que nunca podrán ser computadas. Medio centenar de municipios admiten haber perdido sus archivos previos al 2009 y 2008 y han extraviado la ubicación de cuerpos que difícilmente serán hallados para posterior identificación.
Algunos estados, como Michoacán, reconocen nunca haber integrado una base estatal de datos sobre cadáveres NN y apenas han iniciado ese proceso, pese a que la violencia ha dejado en esa entidad miles de víctimas de homicidio. La Procuraduría General de Justicia michoacana no puede responder ni siquiera cuántos cuerpos recibió su servicio médico forense en el sexenio. “No se cuenta con el dato estadístico”, justificó la dependencia.
“La información que se posee de los cadáveres que hayan ingresado al servicio médico forense no se ubica de manera conjunta y organizada en una sola relación respecto de todo el Estado”. Pero la PGJE-Michoacán aseguró que ya trabaja en corregir esa deficiencia.
