Congreso dilata orden de CAIP para abrir expediente de edil de Tlatlauquitepec
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El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Edgar Salomón Escorza, afirmó que en el transcurso de las próximas 48 horas se podrá abrir el expediente de la destitución del presidente municipal de Tlautlaquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, como lo solicitó la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP)
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Edgar Salomón Escorza, afirmó que en el transcurso de las próximas 48 horas se podrá abrir el expediente de la destitución del presidente municipal de Tlautlaquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, como lo solicitó la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Respecto al expediente del edil destituido hace un año y al que todavía no le llega la notificación del Congreso sobre el proceso en su contra, abundó: “La intención es que hay que saber en qué términos de ley se dice que están clasificados (los expedientes), necesito yo revisar qué términos o quién maneja o qué artículos son los clasificados para poder desclasificarlos y así proceder al siguiente paso”.
Explicó que una vez que el Poder Legislativo notifique al edil de Tlautlaquitepec de la decisión de destituirlo, podrán abrir el expediente y con ello cumplir con el mandato de la CAIP.
Señaló que el Congreso Local “acelerará” la notificación de destitución al presidente municipal de Tlatlauquitepec.
Cabe recordar que desde hace más de siete meses de haber ratificado la destitución del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, el Congreso del Estado no ha notificado al edil de este municipio, por lo que continua en funciones.
Fue en septiembre de 2011 cuando el pleno del Legislativo determinó separar de su cargo a Loeza Aguilar por irregularidades cometidas durante su primer periodo como edil, luego que la Comisión Inspectora encontró daño patrimonial y deficiencia administrativa por 19 millones, 422 mil pesos por la cuenta pública de 2006.
Aunque, fue gracias a él que el gobierno morenovallista pudo acorralar legalmente a Víctor Hernández Quintana para que dejara el cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior.
