Contraloría inhabilita a 26 ex funcionarios marinistas
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La persecución administrativa de la contralora Patricia Leal Islas rindió sus primeros frutos en enero pasado, luego de que despachó inhabilitaciones a 26 exfuncionarios de primer y segundo nivel del marinismo. Entre estos destaca el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar y dos excolaboradores de Javier García Ramírez, además de Blas Villegas.
La lucha desesperada continúa, pues los 26 exservidores públicos han buscado amparos en contra de la determinación de la Secretaría de la Contraloría estatal.
Las sanciones de inhabilitación van de uno a 12 años, así como sanciones económicas de hasta 41 millones de pesos.
Este es el primer golpe “letal” de la dependencia, que ya actuó contra los “peces gordos” del marinismo, luego de que recordara que a mediados del 2011, había iniciado 101 procesos de investigación y sólo había podido proceder contra 25 marinistas que ocuparon puestos de tercero y cuarto nivel.
El exsecretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, fue sancionado con una inhabilitación de un año por negarse a dar cumplimiento a una solicitud de la CAIP para entregar información relativa al convenio que signó la administración marinista con Coofia, empresa que defraudó a miles de poblanos y que en los primeros años del sexenio marinista colaboró con el gobierno estatal para el cobro de los impuestos locales.
El exfuncionario pretendía mantener en secrecía el convenio con Coofia tras el escándalo de la defraudación a sus clientes, pues reservó toda la información concerniente al caso por siete años. No obstante, en octubre del año pasado la gestión morenovallista entregó la copia del contrato.
EXCOLABORADOR DE JAVIER GARCÍA CON MULTA MILLONARIA
El caso más escandaloso es el de Efraín Ruiz Meneses, quien fue inhabilitado por ocho años, además de que se hizo acreedor a una sanción económica por 41 millones 243 mil 125 pesos, por haber autorizado y aprobado volúmenes de obra que no correspondía a lo ejecutado en diversos contratos signados en el último año de la gestión pasada.
A Efraín Ruiz ya se le seguía la pista desde la administración pasada, pues el excontralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz levantó la queja administrativa SEDUOP.C450/115.11.1/003.2010, para sancionarlo por diversas irregularidades detectadas.
José Armando López de la Vega y Victoria Olivia Huerta Sánchez, exdirectores de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop), también fueron castigados con una inhabilitación de tres y 10 años, respectivamente, para ocupar cualquier cargo público por haber autorizado y aprobado volúmenes de obra que no correspondían con lo ejecutado.
12 AÑOS AL EXDIRECTOR DEL CEASPUE
Blas Villegas Lara, exdirector del Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), fue quien alcanzó la inhabilitación más alta, al ser vetado para ocupar cualquier cargo público por 12 años, además de una multa económica de un millón 605 mil 241 pesos, por detectarse irregularidades en la entrega de facturas de procedencia dudosa.
Villegas Lara enfrentaba cuatro procesos por malversación y desvío de recursos federales, según se desprende de los expedientes SEDU011/10, SEDU012/10, SEDU012/10 y SEDU016/10 de la Contraloría estatal, que sumaban los 4 millones de pesos, por lo que pudo comprobar en su mayoría el ejercicio de los recursos, aunque no se salvó de ser sancionado.
Alejandro Víctor Agustín Pérez Morales, exdirector de Planeación del Ceaspue, fue sancionado con ocho años de inhabilitación y una multa de 757 mil 704 pesos por entregar facturas de procedencia dudosa, así como inhabilitación de tres años y multa de 116 mil 647 pesos por faltantes de artículos de un vehículo a su cargo.
Otros sancionados de la misma dependencia son César Abraham Rodríguez López (tres años y multa de 53 mil 904 pesos); Benjamín Berea Domínguez (ocho años y multa de 761 mil 466 pesos); Sergio Bernardo Aguilar de Llano (ocho años y multa de 341 mil 228 pesos); Víctor Ángel Mestzo Ruiz (tres años y multa de mil 200); Evelio Cuautle Santel (tres años y multa de 64 mil 72 pesos); Albina Diana Ríos Torres (tres años y multa de 18 mil 284.49 pesos); César Abraham Rodríguez López (tres años y multa de 16 mil 275 pesos), y Austreberto Jiménez Vargas (tres años y multa de 3 mil 760 pesos).
CASTIGAN NEGOS FAMILIARES
La contralora estatal Patricia Leal Islas también sancionó a Fernando Camargo Meza, pues en el proceso que se le siguió se comprobó que como director de Dictaminación y Trámite de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó permisos para el servicio público a sus familiares. Fue inhabilitado por tres años.
De la misma SCT también fue sancionado Álvaro Joffre Morales, quien fungía como supervisor y se comprobó que solicitó mil pesos, por lo que se le inhabilitó por cuatro años.
SANCIONES POR NEGLIGENCIAS
En lo que respecta a la Secretaría de Salud fueron sancionados cinco exservidores públicos. El médico José Luis Vázquez Parraguirre, quien al no cumplir con la máxima dirigencia sobre el servicio encomendado alcanzó una inhabilitación de 10 años. La enfermera Dulce María Elena Aguilar Velázquez, por utilizar documentación apócrifa fue inhabilitada por cuatro años.
La misma suerte corrió Roberto Solís Aguilar, quien fungía como auxiliar administrativo fue sancionado con inhabilitación de 10 años por no entregar medicamentos, por lo que también fue despedido de su cargo; además de Jesús Albert Huerta, doctor que fue inhabilitado por 10 años acusado de una mala práctica médica.
