Denuncian a RMV en Congreso de la Unión por atentar contra la libertad de expresión
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La diputada del PRD Roxana Luna Porquillo acusó que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, reprime la actividad de los periodistas y que mediante demandas civiles aplica una suerte de ley mordaza
E-Consulta informa que hasta la Cámara de Diputados federal llegó el tema de la represión que el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, ejerce en contra de periodistas y medios de comunicación que no alaban su manera de gobernar. La diputada Roxana Luna Porquillo denunció que mediante el autoritarismo y acciones inconstitucionales, el mandatario poblano atenta contra la libertad de expresión.
La legisladora perredista recordó que en febrero de 2011 los diputados locales de Puebla aprobaron una iniciativa enviada por el propio gobernador, Rafael Moreno Valle, mediante la cual se despenalizó el “daño moral” como figura legal que engloba los llamados “delitos de prensa”, difamación y calumnia, para colocarlos en el rango de lo civil.
Ello, con el propósito de que los “infractores” ya no paguen con cárcel su “falta”, sino con una sanción económica fijada por un juez a su libre albedrío, por lo que el monto podría ser tan alto que despojara de su patrimonio a los periodistas.
Pero finalmente los legisladores modificaron ese punto y establecieron que la multa máxima para castigar el supuesto de “daño moral” es de tres mil días de salario mínimo (170 mil 100 pesos, de acuerdo al tabulador 2011 para la zona C en que se ubica el estado de Puebla).
Y finalmente la ley mordaza se aplicó en el estado de Puebla, dijo la diputada federal, quien mencionó que el director de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno estatal, Sergio Ramírez Robles, interpuso sendas demandas contra los periodistas Fabián Gómez Hernández, director del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, bajo el argumento de que insultaron a funcionarios del gobierno del estado. Más aún, que varios funcionarios han soportado durante año y medio humillaciones e insultos por parte de los comunicadores.
En ese contexto, la diputada Roxana Luna calificó de preocupante que funcionarios públicos, en un evidente rasgo de autoritarismo, demanden a periodistas, pues dicha acción tiene como propósito coartar la libertad de expresión y de pluralidad que exige todo régimen democrático.
“Este tipo de gobernadores no sólo no ve ni oye la crítica y las observaciones de los opinadores públicos, sino que ahora un funcionario introduce una querella a nombre de todo un gobierno y del conjunto del aparato estatal, exigiendo una reparación del daño, posiblemente pretendiendo que los informadores rectifiquen diciendo que el gobierno “ha cumplido con todas las promesas que ha anunciado”, dijo.
La diputada aclaró que las demandas presentadas por el gobierno del estado de Puebla contra los mencionados periodistas son inconstitucionales, pues sólo quien se siente afectado puede demandar.
Y en este caso no se trata de una persona física alegando un daño específico, sino de la acusación de un funcionario público que sale en defensa de su jefe, el gobernador, y de todos los demás funcionarios públicos.
Asimismo, destacó que de acuerdo a información periodística, otros 17 comunicadores que han criticado la administración del gobernador Rafael Moreno Valle están en la mira del gobierno estatal y podrán enfrentar acusaciones similares.