Denuncian ante la PGR daño patrimonial en Los Fuertes
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Académicos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en voz de su secretario general, sección 10 del SNTE, Felipe Echenique March denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), a quien resulte responsable por el daño patrimonial que realizaron en los Fuerte s de Loreto y Guadalupe por los trabajos de modernización efectuados en este gobierno.
En la querella se denuncia que los funcionarios incurrieron en daño al patrimonio de la nación por los cambios a los monumentos históricos, el uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, usurpación de funciones, entre otros.
La denuncia señala como responsables de las obras al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, al director general del INAH, Alfonso de María y Campos Castelló, al coordinador nacional de Monumentos Históricos Arturo Balandrano Campos, al coordinador nacional de Obras y Proyectos Jesús Enrique Velázquez Angulo, al entonces delegado en Puebla del instituto Víctor Hugo Valencia Valera, y a otros funcionarios del instituto relacionados con museos y zonas arqueológicas.
Debido a ello, los investigadores solicitan de manera formal que se inicien las averiguaciones previas y diligencias correspondientes y que, con base en los resultados de éstas, se giren las órdenes de aprehensión en contra de las personas que resulten responsables de los daños causados por el remozamiento de los inmuebles y la instalación de un museo.
Los académicos cuestionan también la cesión que realizó la federación al enajenar a favor del gobierno del estado de Puebla 32 mil metros cuadrados del cerro de Acueyametepec, en el cual se encuentran Los Fuertes, a pesar de que éste fue declarado zona natural protegida desde 1933. Con esta autorización, el gobierno del estado taló gran parte de la masa forestal que rodeaba a los edificios.
En cuanto a los daños directos a los monumentos, el sindicato indica que los trabajos que se realizaron en el Fuerte de Loreto fueron de remozamiento, no de restauración, lo cual implica cambios en el edificio. Además se modificó el discurso museográfico en el Museo de la No Intervención, ubicado dentro de este monumento.
Por otro lado, se cuestiona la “anulación total” de las características físicas del Fuerte de Guadalupe, con la sobre-posición de la estructura de metal y vidrio que la recubre, el remozamiento de los fosos de ambas fortificaciones, así como el hecho de que no se hicieran trabajos arqueológicos previos a las obras de restauración y construcción, pues con esto se perdieron posibles vestigios que se encontraran en el sitio.
Como fundamento legal, el sindicato tomó la Ley Orgánica del INAH, en la cual se destaca que una labor primordial del instituto es la preservación de los monumentos históricos, así como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.
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