EU devela nombres de empresarios de México ligados al narcotráfico
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a dos empresarios de origen mexicano como líderes criminales y responsables de dotar de pseudroefedrina a los principales cárteles del narcotráfico para elaborar drogas sintéticas. De acuerdo con las autoridades estadunidenses, los sospechosos conseguían las sustancias en África y Asia.
Se trata de Ezio Benjamín Figueroa Vásquez y su hijo, Hassein Eduardo Figueroa Gómez, motivo por el cual se emitió una restricción para que los estadunidenses no realicen negocios con 16 compañías, 15 de ellas en México y una más en Panamá, que guardan relación con los sospechosos. Dichas firmas se dedican a la venta y compra de bienes raíces, construcción y actividades farmacéuticas.
Entre estas empresas ubicadas en la Ciudad de México destacan las compañías farmacéuticas Geofarma SA de CV y Distribuidora Médica Hitalaria SA de CV, mientras en Guadalajara están basadas Ciudadela SA de CV y Desarrollo Arquitectónico Fortia, dedicadas a la construcción y la vivienda, según autoridades estadunidenses.
Benjamín Figueroa Vásquez fue detenido en septiembre de 2011 por la Procuraduría General de la República por estar presuntamente relacionado con la importación de pseudoefedrina proveniente de Europa, vía Bélgica, Francia y Asia.
La sustancia se usa en la elaboración de metanfetamina y su comercialización se realiza en México y Estados Unidos, entre otros países. Así lo dio a conocer en octubre de ese año la dependencia federal.
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mencionó que dicha organización criminal distribuye los precursores químicos a las principales organizaciones mexicanas que elaboran metanfetaminas en México, mismas que terminan siendo vendidas en calles de Estados Unidos.
“Durante años esta organización sirvió como un importante facilitador en nombre de algunas de las más violentas y brutales redes de droga con sede en México y el mundo”, expresó el jefe de Operaciones Financieras de la DEA, John Arvanitis.
“Los grandes cárteles del mundo confían en las organizaciones como ésta para obtener grandes cantidades de precursores químicos, como la efedrina y la pseudoefedrina, para producir grandes cantidades (de droga), que terminan en las comunidades de todo Estados Unidos”.
El 2 de noviembre de 2011 los sospechosos fueron acusados por un gran jurado federal en el distrito este de Virginia. Se les responsabilizó de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos.
Sin embargo, la acusación fue revelada apenas este 11 de abril. El director de la Oficina del Tesoro, Adam J. Szubin, dijo que se trabaja en estrecha colaboración con México para desmantelar esa red trasnacional.
OTROS EXPEDIENTES
El año pasado el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra los negocios de los hermanos Rodríguez Olivera, de Jalisco, quienes encabezan una célula del cártel de Sinaloa conocida como Los Güeros o Los Güeritos, responsable de la introducción a territorio estadunidense de 100 toneladas de cocaína durante los últimos 14 años.
De acuerdo con el gobierno de esa nación, el grupo es encabezado por Luis y Esteban Rodríguez Olivera, quienes desde 1996 han logrado ingresar alcaloide a través del estado de Texas, droga que después es enviada a diversas ciudades estadunidenses.
En 2009 el Departamento de Justicia informó sobre el encausamiento judicial de 43 integrantes del cártel de Sinaloa, entre ellos sus líderes Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.
Un proceso similar se sigue contra los hermanos Rodríguez Olivera, cuya organización cobró relevancia dentro de la denominada Federación.
Asimismo, en marzo pasado el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Jesús Reynaldo Zambada, hermano del líder histórico del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.
En esa ocasión Jesús y las empresas Zarka de Occidente y Zarka de México, asentadas en Culiacán, Sinaloa, fueron incluidas en la lista negra del gobierno estadunidense.
Como en los casos anteriores, la inclusión en la lista supone la incautación de los bienes de esa persona en Estados Unidos, a la vez que prohíbe a todo ciudadano de ese país realizar negocios con el sujeto y las empresas.
