Fracasa plan anticorrupción de la Secretaría del Transporte
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Durante el primer año del actual gobierno en la Secretaría de Transportes (ST) –a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc—funcionó un programa anticorrupción que, entre otros resultados, permitió remover a unos 70 supervisores que cometían prácticas viciadas. Tal parece que ese esfuerzo ya dio al traste, pues desde hace un par de meses reaparecieron las extorsiones a empresas gaseras de diferentes partes del estado para que vehículos en mal estado o sin documentos puedan circular y los choferes no tengan impedimento de conducir esos automotores por no contar con licencia mercantil.
Ese cambio se dio a partir de que en marzo llegó a la Jefatura de Supervisión de la ST Jesús Martínez Paz, quien durante muchos años fue delegado de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Pedro Cholula y en el proceso electoral de 2010, sin importar los riesgo, se incorporó a la campaña de Rafael Moreno Valle. Se dice que su arribo a ese cargo fue en pago a su colaboración en los comicios y por esa misma razón se ha vuelto un funcionario intocable.
Fuentes relacionadas con las empresas gaseras dicen que los cobros a estas compañías van de los 3 a los 10 mil pesos quincenales, dependiendo del tamaño del parque vehicular de cada empresa, y que ese dinero estaría siendo recabado en cada una de las 21 delegaciones que la ST tiene en territorio poblano.
Eso que está pasando parece tener dos explicaciones: una, que a partir de la llegada de Jesús Martínez Paz se ablandaron los controles y revisiones del trabajo de los 21 delegados; y dos, que funcionarios de alto nivel están empezando a hacer crecer sus ingresos –por vías no legales–, una vez que pasó la moda del combate a la corrupción por parte del actual gobierno estatal, que prometió llenar las cárceles de ex funcionarios marinistas corruptos y hasta ahora solamente hay un ex servidor público en esa condición.
O que los dos factores anteriores y de manera conjunta están permitido la reactivación de las mismas prácticas viciadas, que apenas hace unos meses provocó que docenas de supervisores fueran reubicados en diversas áreas de gobierno.
Lo único cierto es que muchos gaseros están contentos, pues eso le impide hacer altas inversiones para renovar sus flotas de vehículos o contratar personal calificado, sin importar el riesgo que ello implica para la población, y que solamente es la punta del iceberg, pues no es difícil que esos mismos cobros se estén replicando en otros rubros del transporte.
Lo que ha pasado en la Jefatura de Supervisión no es el único signo de que Bernardo Huerta Couttolenc, el titular de la ST, no tiene todo el control de lo que pasa en esta secretaría.
Hace unos días se supo que Alberto Vivas, quien fue el encargado de la Dirección de Protección Civil en el ayuntamiento de Puebla durante el pasado trienio se encargó de operar la contratación de publicidad de la candidata del PRI al Senado Blanca Alcalá Ruiz, que fue colocada en camiones del transporte urbano de la ciudad de Puebla y zona conurbada.
No tendría nada de extraño que Vivas hubiera hecho ese trabajo a favor de su ex jefa Blanca Alcalá, sino fuera porque este personaje es el secretario Técnico de la Secretaría de Transportes.
Vivas y Bernardo Huerta formaron parte del mismo equipo en la extinta STC y cuando el PRI gobernaba.
Lo sorprendente es que siendo Blanca Alcalá, junto con Manuel Bartlett Díaz, los dos políticos más repudiados por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, nadie se percató de que un funcionario de la ST le hubiera operado la contratación de propaganda a la candidata del PRI.
Esto es signo no solamente del mal desempeño de Bernardo Huerta, quien es un político que le gusta evadir la solución de los problemas, sino es reflejo de que el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, está más ocupado en posicionarse como aspirante a candidato a alcalde de la ciudad de Puebla, que en revisar el funcionamiento de las dependencias del gobierno del estado.
Lo que ha pasado con Alberto Vivas contrasta con la supervisión que ha principio de sexenio había de Manzanilla hacia lo que pasaba en la ST y el trabajo de Bernardo Huerta, razón por la cual en ese entonces impidió la llegada a esa secretaría de un personaje llamado Héctor Ibarra Cadena.
Al inicio de la actual administración, Bernardo Huerta intentó echar mano de viejos colaboradores que tuvo en la desaparecida SCT. Uno de ellos era el ex director del Transporte Héctor Ibarra Cadena, a quien se le quería nombrar como subsecretario de la ST.
Trascendió que ya se daba por hecho el nombramiento de Ibarra Cadena, quien incluso ya participaba de las reuniones de planeación, hasta que al escritorio de Fernando Manzanilla Prieto llegó una tarjeta informativa en la cual se indicaba que este personaje había laborado en el área de Normatividad Comercial en el gobierno de Blanca Alcalá Ruiz.
Y eso simple hecho, junto con viejas acusaciones de supuestos actos de corrupción, fue suficiente para que se diera la orden de dejar fuera del gobierno a Héctor Ibarra, quien hasta la fecha sigue en la “banca”.
Ahora, eso no pasó con Alberto Vivas. ¿Fue omisión o complacencia? Todo indica que fue lo primero.
