Garzón juzgado
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A Baltasar Garzón le juzgan por partida doble. En un primer caso le acusan de ordenar escuchas ilegales en contra de presuntos implicados en la mayor trama de corrupción que ha caído sobre el Partido Popular y el ex-presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps.
Probablemente nadie se atreverá a afirmar que no hubo actos de corrupción en el Gobierno Valenciano. Lo que sí se han atrevido a afirmar los integrantes de un jurado popular es que no está probado que Camps y sus allegados hayan recibido los regalos (que se sabe existieron y que las escuchas muestran que eran para Camps). Por el contrario, a quien investigó y expuso la trama de corrupción, a Garzón, le declararán culpable y le inhabilitarán para continuar con su labor de juez de la Audiencia Nacional de la que hoy se encuentra suspendido. Sorpresa sería que no lo hicieran.
En el segundo caso, a Garzón se le juzga por atrevimiento. Se atrevió a investigar el delito de detención ilegal de miles de personas que permanecen desparecidas (y cuya muerte sólo se puede presumir) de acuerdo a denuncias presentadas por familiares de los desaparecidos, encaminadas contra Francisco Franco y se séquito de asesinos.
Garzón ordenó la exhumación de restos para saber si se trataba de los desaparecidos y ello fue la chispa que incendió la llama de la venganza de aquellos que quieren borrar de un plumazo la historia y preferirían que quedase en el olvido. Garzón se allegó (astutamente, hay que decirlo) de las pruebas que comprobaban la muerte de Franco y sus secuaces y dictó un auto (el 18 de noviembre de 2008) en el que se inhibió de seguir conociendo del asunto, debido a que tuvo por probado que Franco y compañía habían muerto (nada fuera de lo jurídico), no sin resumir en 152 páginas históricas el modus operandi del régimen, que afectó a cientos de miles de personas, incluidos niños a los que dio en adopción irregular cambiándoles el nombre y que siguen siendo víctimas de ese cambio de identidad (ordenado sistemáticamente por el régimen de Franco) Así lo sostiene el mismo Baltasar Garzón en su auto de 18 de noviembre de 2008:
De esta forma se propició una desaparición “legalizada” de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial y a ningún otro, la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, hasta el día de hoy, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado.
A Garzón sus detractores lo señalan como una persona con un enorme afán de protagonismo, y tal vez les asista la razón. Probablemente puedan aducir que su investigación fue una artimaña para exhumar cuerpos (aunque nadie duda que sean de personas desconocidas) y su petición de las actas de defunción (para tener por probada la muerte de Franco) fue sólo un recuso para ganar tiempo. Pero ninguno de ellos puede sostener que no existen víctimas (desparecidos y sus familiares, así como los menores a los que se les cambió la identidad) que merecen una investigación y que los delitos que se cometieron (quien los haya cometido) siguen teniendo efectos (sigue habiendo desaparecidos y sigue habiendo personas con una identidad que no es la suya). Esos son los argumentos más sólidos que encontró Garzón para sostener su competencia y su investigación.
Ante este panorama, no se espera otra cosa que un Garzón inhabilitado. Porque los argumentos utilizados por el Juez son discutibles, pero no se basarán en ellos para juzgarlo. Se basarán en el ansia de las hienas (políticos, jueces, franquistas, partidos políticos) que han encontrado la oportunidad para “poner en su lugar” a Baltasar Garzón.
Es una lástima en dos sentidos: porque el derecho será manipulado para condenar a Garzón y porque, al final, las víctimas y sus familiares siguen esperando una investigación que les permita saber, más de 70 años después, si su familiar ha muerto, en dónde se encuentra o quién es.
Este último caso, pone en tela de juicio los acuerdos de una transición hacia la democracia (en este caso la española) porque se intentó borrar de tajo, con una ley, una historia llena de ignominias.
Garzón se quiso saltar los acuerdos de las cúpulas y el resultado lo estamos viendo. Es un aviso a tirios y troyanos: nadie está por encima de las élites.
