Gobierno de RMV tolera protestas de Antorcha contra edil de Puebla
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El 5 de septiembre, un grupo de 26 personas en Francisco Z. Mena fue detenido por la Policía Estatal y pasaron 2 días en la cárcel por cerrar parcialmente una vialidad por espacio de cuatro horas para hacer una protesta contra Pemex. En cambio contrasta que en la capital, este día, Antorcha Campesina (AC) cumple 15 días de bloquear una parte del zócalo y de la principal avenida de la ciudad, utilizando a un contingente de 100 colonos del sur de la Angelópolis, y contra ellos hay una excesiva tolerancia del Poder Ejecutivo.
Esa indolencia del gobierno en contra de AC sería una prueba de que la protesta antorchista está siendo tolerada o alentada con el propósito de golpear la imagen del ayuntamiento de Puebla –pues el bloqueo genera un alto malestar ciudadano y, sobre todo, de los comerciantes del Centro Histórico– como parte de la pugna que hay entre el PAN tradicional y el grupo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Es importante tener en cuenta el siguiente esquema: hasta hace un par de meses, había una sana relación entre AC y el edil de Puebla, Eduardo Rivera. Lo cual se reflejó en un volumen importante de obras de la Comuna en las colonias del sur, que son el feudo antorchista. Ese entendimiento existía desde la campaña electoral de 2010.
Y precisamente hace dos meses se recompuso la relación entre el gobierno de Moreno Valle y AC, después de que esta agrupación jugó un papel fundamental en el triunfo de Enrique Peña Nieto. A partir de septiembre, AC ha sido respaldada con presupuestos para obras públicas, liberados desde el Poder Ejecutivo.
Sin contar que el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Mario Rincón, se ha vuelto un defensor de los intereses de AC en los municipios que tienen problema.
Para sustentar lo anterior es necesario revisar lo siguiente: el 5 de septiembre, cuando aún era cercana la relación entre el ayuntamiento y AC, en un acto realizado en la colonia Ampliación Unión Antorchista y luego de que Eduardo Rivera inauguró unas aulas, la dirigente y diputada federal de esa organización, Soraya Córdoba Morán, se expresó así del edil:
“Señor presidente queremos ayudarle a que su gobierno trascienda; en nosotros tiene un apoyo para que su gobierno sea de lo mejor; queremos seguir por el camino del diálogo, de la construcción y de la unidad, con el objetivo de seguir trabajando por el desarrollo del municipio de Puebla viviendo en un entorno agradable que incita a actuar de forma diferente”.
Y es que anterior a ese acto, el gobierno de Rivera había entregado en las colonias antorchistas del sur obras de aulas, bibliotecas, laboratorios escolares, así como la construcción de calles y guarniciones en una extensión de 60 mil 270 metros cuadrados. Los lugares beneficiados fueron Ampliación Balcones del Sur, Héroes del 5 de Mayo, Cuitláhuac, 2 de Marzo, Ampliación Balcones del Sur, San Ramón Cuarta Sección, Unión Antorchista, Fraternidad Antorchista, Azteca, Valle de Anáhuac, Elsa Córdoba, Valle del Paraíso, Cabañas del Lago, Barranca Honda, Cristina Rosas, Zaragoza, Primero de Mayo, Luis Donaldo Colosio, Cerro del Marquez y Constitución Mexicana.
15 días después de que Soraya Córdoba ofreció dialogo y trabajo a Eduardo Rivera, AC dio un giro de 180 grados y empezó a hacer movilizaciones contra la Comuna.
Y a partir de hace 15 días, el discurso de las protestas de dicha organización incluye acusar al secretario de Gobernación municipal, Pablo Montiel, de ser “un nazi”; y al edil capitalino de nunca voltear a ver a los pobres y no poner un pie en donde se ubican los asentamientos humanos de la agrupación, además de desplegar un plantón permanente frente al Palacio Municipal, cortando la circulación vehicular en una parte fundamental del Centro Histórico.
La forma en que se dio ese vuelvo, permite especular que el gobierno morenovallista tal vez condicionó a AC a que a cambio de llevar una buena relación, tenía que volverse una organización adversa, enemiga y golpeadora de la imagen de la administración de Eduardo Rivera.
Hay suficientes elementos para suponer que así han sido las cosas.
¿Cuál es la intención de AC? No sería raro que la agrupación esté buscando repetir el mismo esquema de protesta que uso contra Mario Montero Serrano, cuando era secretario de Gobernación en la administración de Mario Marín, que consistió en tener ocho meses bloqueado el frente de Casa Aguayo, sede del Ejecutivo, para que de esa manera –en esta ocasión– la protesta antorchista se amplíe hasta las fechas cercanas a los próximos comicios locales.
Lo que llama la atención es que frente a la protesta de Antorcha se observa la ausencia de las tradicionales declaraciones enérgicas de Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno, y de Ardelio Vargas Fosado, titular de Seguridad Pública, de que nadie puede estar por encima de la ley y bloquear vías de comunicación, tal como cada uno de ellos lo definió al principio del sexenio.
Eso quiere decir que de acuerdo con los intereses políticos del grupo del gobernador le conviene actuar con indolencia frente a las movilizaciones de AC, la cual es una organización que al inicio del sexenio sufrió el menosprecio del gobierno morenovallista y ahora parece haber entendimiento político–electoral.
