Inhabilitan a Héctor Ortiz, ex gobernador de Tlaxcala, por nepotismo
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El ex Gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, fue inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, tras demostrarse que benefició a su familia al incluirla en la nómina del Gobierno del Estado.
Así lo dictaminó la Secretaría de la Función Pública local (SFPE) al resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 92 /2011/DJ/DRA, que inició en contra del ex Mandatario de extracción panista desde 2011, año en el que asumió la Gubernatura el priista mariano González Zarur.
De acuerdo con el resolutivo del que REFORMA tiene copia, durante su sexenio, Ortiz Ortiz incurrió en nepotismo al contratar en la Administración Pública de Tlaxcala a sus hermanos Rodolfo, Rosalba y Elvia, su primo Félix Ortiz Salinas y su cuñado Eduardo Lozano Tovar.
Con ello, violó lo establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado y del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
El artículo 59 de la primera norma citada señala que los funcionarios deben abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta hasta el segundo grado, y en línea trasversal hasta el cuarto grado, por afinidad o civil.
Como Ortiz Ortiz no acató la ley, la SFPE, en un hecho inédito en la historia de Tlaxcala, lo inhabilitó por cinco años al encontrarlo responsable de nepotismo.
“Se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad del ex servidor público Héctor Ortiz Ortiz, al permitir que fueran contratadas personas con quienes tiene parentesco por consanguinidad y afinidad”, dice el documento fechado el 20 de enero de 2012.
La dependencia local sustentó la sanción en el artículo 66 fracción cinco, de la ley ya mencionada.
Y argumentó que si bien Ortiz Ortiz no contrató directamente a sus familiares, sí sabía que era una acción ilegal y no hizo nada por solventarlo.
“Considerando la magnitud y responsabilidad administrativa del ex servidor público Héctor Ortiz Ortiz, resulta procedente imponerle la sanción por la falta en que incurrió, consistente en la inhabilitación por cinco años para desempeñar cualquier cargo en el servicio público”.
Esta acción punitiva procedió luego de que el actual Oficial Mayor de Gobierno, Ubaldo Velasco Hernández notificó a la SFPE mediante el oficio OMG/192/2011 que en la nómina de pago de la Administración pasada existieron servidores públicos con parentesco consanguíneo y afinidad al Gobernador en turno.
Específicamente hizo referencia a Teresita Salas Lozano, Eduardo Lozano Tovar y Félix Ortiz Salinas.
En tal sentido, Velasco Hernández solicitó a la SFPE ampliar investigaciones para detectar si en otras dependencias se repitió la situación.
Se giraron oficios a todas las instituciones públicas que componen la Administración Pública de Tlaxcala y se encontró que la familia del ex Gobernador laboró en hospitales, escuelas y otras oficinas.
Por ejemplo, con el oficio CESCET/DIR0353/2011, la directora del Centro de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala, notificó que en esta institución laboraban Rosalba Ortiz Ortiz y Elvia Ortiz Ortiz.
Mientras que en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), apareció en la nómina, Rodolfo Ortiz Ortiz en calidad de director administrativo.
En total, fueron desglosados los nombres de 14 personas, de los cuales, mediante cotejo con actas de nacimiento en el Registro Civil, sólo se comprobó el parentesco consanguíneo y por afinidad de cinco de ellos.
Según el expediente, Ortiz Ortiz fue notificado en tiempo y forma para asistir a audiencias, a fin de manifestar alegatos a su favor en el procedimiento administrativo en su contra.
Pero no asistió y sólo envió de manera extemporánea un escrito de contestación, mismo que se dio por presentado, más no por admitido.
Derivado de ello, la SFPE, tras dar por ciertas las imputaciones al ex Mandatario, procedió a la inhabilitación por cinco años, sanción que surtirá efecto a partir de que cause estado la resolución.
BUSCA AMPARO CONTRA APREHENSIÓN
El ex Gobernador Héctor Ortiz Ortiz prefirió adelantarse ante cualquier proceso legal en su contra y promovió un amparo por una posible orden de aprehensión o búsqueda en su contra.
El pasado 19 de diciembre de 2011, promovió el juicio de amparo 2007-/2011-II-A ante el Juzgado Primero de Distrito, con el que pretende protegerse de cualquier determinación que pudieran emitir ocho jueces de lo penal.
Asimismo, de las acciones legales que pudieran restringir su libertad, por parte del director de la Policía Ministerial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y comandantes operativos de la Policía Ministerial de la zona sur y norte de Tlaxcala.
La autoridad correspondiente le concedió la suspensión provisional de cualquier acción demandada y le solicitó un depósito de 8 mil pesos para que el beneficio surta efecto.
Sin embargo, en el proceso del juicio de amparo, la PGJE respondió al Juzgado, a través de un escrito que envió el subprocurador, Humberto Espino Roldán, que es una mentira que exista una orden de aprehensión en contra de Ortiz Ortiz.
En consecuencia, el ex Mandatario de Tlaxcala incurriría en responsabilidad penal por promover un juicio de amparo sin la existencia de acción en su contra.
Este es el segundo amparo que solicita Ortiz Ortiz para evadir la justicia por presuntas irregularidades cometidas durante su función como Gobernador de Tlaxcala.
El pasado 15 de diciembre, promovió otra demanda de garantías, a fin de evadir cualquier procedimiento administrativo que pudiera iniciar el Gobierno estatal en su contra, a través de la Secretaría de la Función Pública del Estado (SFPE).
En dicha querella, el panista acusó una campaña de persecución, intimidación, acoso, amenazas y desprestigio por parte del actual Gobernador, Mariano González Zarur; el titular de la SFPE, Hugo Temoltzin Carreto; la Procuradora, Alicia Fragoso, y el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ricardo García Portilla.