Moreno Valle: “Estamos buscando a Rodrigo Lazcano”
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Rodrigo Lazcano Fernández, exsubdirector de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) se encuentra prófugo de la Justicia al existir una orden de aprehensión en su contra, dijo el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas en una entrevista radiofónica.
El área de Investigación de Delitos a Servidores Públicos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), encontró elementos suficientes para solicitar la orden de búsqueda, aprehensión y detención ante el quebranto que el ISSSTEP sufrió a manos de exfuncionarios de la administración pasada en su Departamento de Jubilaciones y Pensiones; durante varios años falsificaron documentos de las personas jubiladas fallecidas para cobrar pensiones.
Ayer en entrevista, el mandatario estatal sostuvo que encontró un estado endeudado con 9 mil millones de pesos, y un problema serio en el ISSSTEP ante la falta de recursos para pensiones y jubilaciones para los trabajadores de la burocracia y maestros, lo que lo obligó a enviar al Congreso del estado una serie de reformas a la Ley del ISSSTEP para que los derechohabientes realicen una aportación de 3.5por ciento y el estado 5.5 por ciento.
Al ser cuestionado sobre si también será investigado el exmandatario Mario Marín Torres o algún otro exfuncionario al que se le compruebe que incurrió en irregularidades o actos de corrupción, precisó que no pueden estar pensando en una persona y que simplemente se van a encargar de hacer cumplir la ley en todos los casos.
“Donde haya elementos para proceder lo haremos, el caso más claro es la detención y encarcelamiento del exsecretario de Salud –José Alfredo Arango–, a pesar de que fue director general del ISSSTEP y que nos obligó a hacer una reforma hasta el momento no hemos tenido elementos directos para fincarle responsabilidad por el quebranto”.
Moreno Valle explicó que la detención del exsecretario fue por no comprobar 54 millones de pesos en propiedades al realizar sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, el gobernador detalló que las áreas correspondientes –Contraloría– se encargan de revisar detalladamente los expedientes de exfuncionarios y en caso de comprobar conductas delictivas se harán las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia para que se actúe conforme a la ley.
Mencionó al exsubdirector de Prestaciones Económicas, Rodrigo Lazcano, quien se dedicó a cobrar las pensiones de personas que habían fallecido: “con él –Rodrigo Lazcano– primero se había girado la orden de aprehensión, sin embargo, se amparó, y ayer –miércoles 18 enero– ganamos el amparo y lo estamos buscando”, acotó.
El mandatario confirmó lo que Milenio Diario publicó entorno del cobro indebido de las pensiones por parte de exfuncionarios, al grado de que el director general del ISSSTEP, Roberto Rivero, al inicio de la actual administración denunció el cobro indebido de jubilaciones y pensiones de fallecidos mediante la alteración de los sistemas de cómputo y bancarios y falsificar firmas, documentos e identificaciones, y por ello pidió a la dependencia de Justicia su pronta detención de los responsables.
En esta conducta delictiva se encuentran involucrados más de diez exfuncionarios de todos los niveles de la administración pasada. El propio procurador general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá, en diciembre de 2011 confirmó que se solicitarían las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
Ayer por la noche trascendió que el área de Investigaciones Contra Servidores Públicos solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para que la Interpool intervenga en la búsqueda del exfuncionario y que el juez Tercero de Distrito se negó a conceder el amparo al exsecretario de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop), Efraín Ruiz, quien presuntamente es buscado por elementos de la Policía Ministerial al existir una orden de aprehensión en su contra.
El compromiso asumido por el mandatario es que se seguirán revisando los expedientes administrativos y habrá un seguimiento puntual de las investigaciones que el Ministerio Público realice para que se haga cumplir la ley.
