Moreno Valle, un hombre afectado por la megalomanía: La Silla Rota
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En apenas dos años, Moreno Valle ha llevado al estado a un periodo de opacidad, ineficiencia, ruptura con los sectores que lo apoyaron y un desafortunado afán por congraciarse con el presidente electo, Enrique Peña Nieto
La Silla Rota informa que (Rafael) Moreno Valle arribó al poder aupado en una coalición de partidos opositores al PRI y gracias a a una alianza con su protectora política, la profesora Elba Esther Gordillo, lideresa del SNTE. En apenas dos años, ha llevado al estado a un periodo de opacidad, ineficiencia, ruptura con los sectores que lo apoyaron y un desafortunado afán por congraciarse con el presidente electo, Enrique Peña Nieto. Llamado a conjurar los fantasmas sembrados por Mario Marín y otros personajes oscuros del pasado reciente, Moreno empuja a Puebla al autoritarismo de los años 40. Pero en ese esfuerzo se queda cada vez más solo.
Como ha sido planteado en diversos espacios, entre ellos el que impulsa el periodista Rodolfo Ruiz, se trata de una intentona gubernamental para silencia a críticos, acallar a los medios y periodistas que, a pesar del hostigamiento y los boicots publicitarios, han logrado sobrevivir y ejercen su derecho de informar y ser informado sin censura ni cortapisas.
Las demandas por daño civil que el gobierno de Moreno Valle ya confirmó se inscriben en un contexto que va más allá de una cada vez más descompuesta relación del Ejecutivo estatal y los medios de comunicación. Forman parte de una ofensiva gubernamental para controlar la vida pública, las instituciones gubernamentales, los organismos autónomos y todas aquellas organizaciones que son vistas, por el mandatario estatal como un contrapesou obstáculo para su estrambótico proyecto presidencial del 2018.
De manera paralela al anuncio de las demandas contra 19 periodistas, el Congreso local – totalmente subordinado a Moreno Valle— nombró a los nueve consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) sin más criterio que el reparto de cuotas: dos para el PRI, dos para el PAN y cinco para el gobernador, incluido el presidente del máximo órgano electoral: Armando Guerrero Ramírez, quien hace apenas unos meses se desempeñaba como encargado de despacho del Instituto Poblano para la Productividad Competitiva.
La renovación del IEE se dio fast track, en lo oscurito, en sesiones cerradas y sin claridad sobre los criterios, evaluaciones o filtros que aplicó la Comisión Especial para proponer al pleno 36 nombres de una lista inicial de 123 candidatos postulados.
La priísta Zenorina González Ortega, quien presidió la Comisión Especial, todavía no alcanza a explicar cómo es que los nueve consejeros propietarios designados cumplen con los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, a pesar de que es bien sabido que cinco de ellos han sido subordinados, operadores electorales o aliados políticos de Moreno Valle.
El caso más representativo es Víctor Joaquín Cánovas Moreno, quien fue operador electoral de Moreno Valle en 2003 y 2004, cuando por primera vez buscó la gubernatura como precandidato del PRI, y jefe de su ejército de movilizadores en 2010, cuando contendió como candidato aliancista del PAN, PRD y otros partidos.
Cánovas iba a ser el presidente del IEE, pero algo que se atravesó de última hora lo marginó. Y a pesar de su berrinche, del que fueron testigos algunos diputados y consejeros, el nayarita tuvo que resignarse y rendir protesta para un periodo de siete años.
Otro organismo autónomo que el gobernador de Puebla está por controlar es la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), que actualmente preside Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien ha sido víctima de auditorías, recortes presupuestales y otras represalias en revancha por las resoluciones que ha votado en contra de la administración estatal que pretendía mantener en la opacidad, gastos, contratos y asignaciones de obra requeridos mediante solicitudes de información pública.
La selección del nuevo comisionado de la CAIP, que reemplazará a Samuel Rangel Rodríguez, se lleva a cabo en total opacidad y de espaldas a las organizaciones no gubernamentales especialistas en la materia, las asociaciones de profesionistas y las instituciones académicas involucradas en cuestiones de transparencia.
La intención es obvia: marginarlas del proceso para hacerse del control de la CAIP, organismo supuestamente garante de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas públicas en el estado de Puebla.
Otros gremios que el gobierno estatal busca supeditar a través de reformas legales o constitucionales son el de los magistrados y notarios públicos. A los primeros trata de someterlos por medio del Consejo de la Judicatura y la sustitución de magistrados y jueces en edad de jubilación; y a los segundos, valiéndose de auditorías, sanciones y candados jurídicos que permitan al Ejecutivo la revocación de esas patentes o influir sobre quiénes deben ser sus sucesores.
En este contexto de confrontación del Ejecutivo con diversos actores y organizaciones políticas y sociales de la entidad hay que inscribir las denuncias que, por daño moral, su vocero Sergio Ramírez Robles interpondrá en contra de varios periodistas y medios de comunicación.
Lo que Moreno Valle pretende con estos procesos civiles no es poner límites al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, ni evitar las supuestas burlas, ofensas e insultos de comentaristas y columnistas en contra de servidores públicos, sino controlar a la prensa por la vía del Poder Judicial después de que sus intentos de asfixia publicitaria y comercial no funcionaron. El tema llegará a jueces y magistrados, desde donde debe venir una señal de independencia que anuncie a todos que Puebla, como el país todo, ya cambió y no puede regresar al pasado por capricho de un hombre afectado por la megalomanía.
