Finanzas justifica adquisición de créditos
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A través de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno del Estado justificó su intención de gestionar blindaje financiero por un total de 7 mil 500 millones de pesos, los cuales incluyen a organismos públicos descentralizados
A través de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno del Estado justificó su intención de gestionar blindaje financiero por un total de 7 mil 500 millones de pesos, los cuales incluyen a organismos públicos descentralizados.
El secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, argumentó que la iniciativa enviada al Congreso local es una previsión del gobierno para enfrentar cualquier eventualidad financiera y sostuvo que aún no se decide si se contratarán todos los esquemas de préstamo señalados en el documento.
Sin embargo, de acceder a estos recursos, se estarían comprometiendo los ingresos del Instituto Registral y Catastral del Estado, así como del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), entro otros fondos estatales, por el tiempo que le resta a la administración o incluso por los próximos 20 años, “dependiendo las condiciones del mercado”.
En rueda de prensa, el funcionario detalló en qué consiste cada uno de los esquemas, considerándolas como “un abanico de opciones” puestas a disposición del Estado por su estabilidad económica y el manejo responsable de sus finanzas.
LAS PROPUESTAS DE FINANCIAMIENTO
La primera línea de crédito se refiere a los recursos del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad de Banobras, a través del esquema Cupón Cero, por los cuales Puebla recibiría un mínimo de 836 millones de pesos, de los cuales, sólo pagaría los intereses generados durante el tiempo de aplicación, es decir, un equivalente a 60 o 70 millones de pesos.
La segunda propuesta del Gobierno es modificar las condiciones de la deuda pública directa, la cual asciende a 9 mil 68 millones de pesos. La intención es ampliar el plazo de pago para incrementar la liquidez del gobierno.
Sobre esta deuda que heredó la administración de Mario Marín Torres, Moya Clemente, señaló que el gobierno actual cumplirá con los pagos que correspondan, sin embargo, no hay intenciones de finiquitarla.
“Este préstamo fue para irme de fiesta, para emborracharme un viernes y la cruda la tengo que pagar un sábado (…), nosotros no tenemos la intención de disminuir el techo de endeudamiento, vamos a pagar pero no en las mismas condiciones”, acotó el funcionario, sin detallar la estrategia para reestructurar la deuda.
En cuanto al tercer esquema, se estaría solicitando un adelanto del 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), alrededor de 750 millones de pesos del monto que recibe anualmente el Estado, mismo que garantizaría el pago durante esta administración a través de un fideicomiso.
Sobre la bursatilización del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el funcionario explicó que la intención es acceder en una sola emisión a un monto de 3 mil 500 millones de pesos, equivalente a lo que se estima será la recaudación de toda la administración por este impuesto.
La recaudación del ISN se destinaría a un fideicomiso para el pago del préstamo en un plazo de 20 años y los 3 mil 500 millones se destinarían a inversión pública productiva.
Por último, Moya Clemente indicó que este mismo esquema aplicaría para los ingresos recaudados por el Instituto Registral y Catastral del Estado, cuya recaudación anual de 250 millones de pesos se constituiría en un “fideicomiso irrevocable para adquirir financiamientos, créditos o empréstitos, incluyendo la emisión de valores”.
El funcionario aseguró que los recursos se destinarán en parte a la modernización del Instituto, así como inversiones públicas. “Cualquier cosa que ocurra, (los acreedores) se van contra el Catastro, no contra el Estado”.
Ante los medios de comunicación, Moya Clemente insistió en que aún no puede considerarse un hecho la contratación de todos los créditos y que el hecho de tener cinco esquemas para acceder a recursos debe considerarse como algo positivo, ya que demuestra la estabilidad financiera del Estado.
“Los recursos no están etiquetados todavía porque no sabemos si lo vamos a utilizar o no, todavía no sabemos ni siquiera si lo vamos a pedir. Si en algún momento se elige alguno de estos esquemas, tenemos que decir para qué es, está en la ley. Que otros (gobiernos) no la hayan cumplido es otra cosa, pero esta administración actúa con apego a la ley y los fondos tiene reglas estrictas de operación, esta es la garantía de que no serán utilizados para gasto corriente”, concluyó.
