ONG reprueba a Puebla y Tlaxcala en materia de derechos humanos
joomla.2009
En Puebla y Tlaxcala, “en un contexto de desarrollo industrial, prolifera la violencia con quienes demandan derechos fundamentales”, concluyó la organización Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), que analizó los casos de agresiones contra periodistas, explotación de obreros, trata de personas y victimización de defensores de derechos humanos ocurridos en ambas entidades federativas desde 2005 a la fecha.
El PBI es un organismo con 30 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos. Su equipo en México está compuesto por voluntarios internacionales que han enfocado su trabajo a las situaciones que prevalecen en los estados vecinos de Guerrero y Oaxaca. Las brigadas acompañan a organizaciones amenazadas, realizan visitas regulares a zonas de conflicto, distribuyen información sobre la evolución de los problemas, ejecutan labores de interlocución y cabildeo con autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, iglesias, cuerpos diplomáticos y organizaciones internacionales para obtener su apoyo.
Como parte de un proyecto de exploración iniciado a principios del año que corre, visitadores del PBI estuvieron el mes pasado en las ciudades de Puebla, Tlaxcala y Tehuacán, donde se reunieron con integrantes de movimientos de la sociedad civil, periodistas, académicos y autoridades estatales para solicitar información desde su propia experiencia sobre las condiciones en que se realizan las labores de derechos humanos en la región.
En la Angelópolis, los miembros del PBI se reunieron con la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh), el Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana AC, Vida Plena Puebla / No Dejarse es Incluirse AC, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. de la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre.
También, con el Comité Independiente por la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Puebla AC, la Coordinación Nacional Plan de Ayala –Movimiento Nacional / Miocup, la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC– Oficina Regional Puebla, con reporteros de La Jornada de Oriente. Tuvieron además, cuatro reuniones con autoridades estatales en la capital poblana, con funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Subsecretaría de Vinculación Institucional y Gobernanza de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría Técnico Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
En Tehuacán se entrevistaron con la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán AC y con el Colectivo Obreras Insumisas.
En Tlaxcala se encontraron con miembros del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local AC y del Centro de Economía Social Julián Garcés.
El informe sobre estas reuniones y las investigaciones del PBI puede ser consultado en la dirección http://goo.gl/BX7jo y abarca prácticamente desde la detención de la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, hasta el asesinato de la activista Agnes Torres, pasando por los casos de trata de personas, el maltrato a migrantes, la explotación de obreros en Tehuacán y la promulgación de leyes que penan el aborto.
ACTIVIDAD ARRIESGADA
“Defender los derechos humanos en Puebla ha sido una actividad arriesgada desde hace años; defensores y defensoras han sido víctimas de amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias, criminalización y asesinatos, entre otros”, dice al inicio de su informe el PBI y añade que el contexto de represión y agresiones ha sido destacado por la comunidad internacional en diferentes ocasiones.
Agrega que en 2005, por ejemplo, la Policía Judicial poblana detuvo a la periodista Lydia Cacho y pocos meses después salieron a la luz pública una serie de grabaciones que evidenciaban un acuerdo del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y del “importante empresario” Kamel Nacif para actuar contra la autora del libro Los Demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil.
Añade que en diciembre del mismo año, el defensor de derechos laborales Martín Barrios, de Tehuacán, fue detenido por el presunto delito de chantaje en contra de un empresario residente en la región, cargos que le fueron retirados en enero de 2006. Debido a las amenazas que sufrió tras su salida de la cárcel, fue beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La situación de riesgo para la defensa de los derechos humanos sigue en la actualidad. Entre los casos más recientes está el del activista Fermín Mariano Matías, asesinado en 2009 y cuyos responsables todavía se desconocen; el caso viene siendo acompañado por la Red de Defensa de los Derechos Humanos (Reddh). José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, indígenas de la comunidad de Atla están encarcelados desde el 2010 y Amnistía Internacional ha concluido que ‘la causa se emprendió exclusivamente como represalia por su labor legítima para incrementar el acceso de su comunidad al agua’, su derecho a un juicio justo se vio gravemente vulnerado. En marzo de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de Agnes Torres, activista trans y defensora de los derechos de la comunidad LGBTT en Puebla. Recientemente, en mayo, el Centro de Apoyo al Trabajador se ha visto obligado a cerrar sus oficinas por falta de condiciones de seguridad para realizar su trabajo y tras el secuestro y
tortura de Enrique Morales, uno de sus integrantes”, precisa el documento.
EXPLOTACIÓN Y CONTAMINACIÓN
El PBI advierte que el trabajo de defensa de las garantías en la región de Tehuacán “refleja de forma emblemática las problemáticas en torno a las maquilas en los estados de Puebla y Tlaxcala: la defensa de derechos laborales y ambientales. Destacan las malas condiciones laborales de las personas que trabajan en las maquilas y, según las organizaciones locales, la falta de independencia y voluntad sindical para defender los derechos de esas personas, así como la utilización del agua de los manantiales para el lavado de los jeans, generando las denominadas ‘aguas azules’, que contaminan el agua utilizada para regar los cultivos de los agricultores locales”.
En Tehuacán, el PBI se reunió con Martin Barrios, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, y con Rodrigo Hernández, del Colectivo Obreras Insumisas, así como con Reyna Ramírez Sánchez. Los dos primeros tienen más de 10 años de trayectoria defendiendo derechos laborales de las y los trabajadores de la maquila. Reyna Ramírez, quién trabajó en la maquila por 10 años, es coordinadora del Colectivo Obreras Insumisas. “Los tres han sufrido represalias por su trabajo: ‘como organización la amenaza es que nos agredan por estar facilitando esa labor y los derechos de los trabajadores, pero para ellos la amenaza más cruda es el desempleo’. Comparten con PBI que las personas trabajan bajo condiciones laborales precarias: se les niega la estabilidad, se utilizan las ‘Listas Negras’ para evitar que demanden sus derechos, son víctimas de hostigamiento sexual, insalubridad y hay explotación de menores de edad. Y añaden, ‘los sindicatos, que deberían de protegerlos, terminan siendo sus
peores enemigos”.
Debido a esta problemática, ambas organizaciones hacen un trabajo de formación y capacitación a trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos; la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán acompaña además casos de trabajadores, inclusive en demandas contra las mismas empresas: “terminamos haciendo el trabajo que deberían hacer los mismos sindicatos charros”. Por su lado, el Colectivo Obreras Insumisas trabaja en el empoderamiento de las mujeres, con un programa de capacitaciones permanente, y promoción de cooperativas como fuente de trabajo: “creemos que las mujeres no pueden ser libres e independientes si no tienen autonomía económica”.
En cuanto a la contaminación del agua, también nos comenta el Centro Fray Julián Garcés, en Tlaxcala que “hay dos cosas importantes: por un lado esa deliberada impunidad con que las industrias echan el agua al río, pero el otro asunto es lo que le ha generado a las comunidades, que eran agrícolas y que ante la falta de otro cuerpo de agua riegan los cultivos con este agua, como pasó en Tehuacán. Aquí los rábanos empezaron a salir azules”. En Tehuacán el problema es de salud y también de comercio, ya que los productores de la región se ven afectados porque los productos de la región tienen menor precio en el mercado debido a la misma contaminación a la que están expuestos, expresa el PBI.
MIGRACIÓN Y TRATA
Puebla y Tlaxcala son parte de la ruta de los transmigrantes latinoamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos. La red ferroviaria, en la cual muchos de ellos viajan, pasa por Tlaxcala, donde el albergue “La Sagrada Familia” en Apizaco, gestionado por la Diócesis de Tlaxcala con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y el Centro Fray Julián Garcés, ofrece asistencia humanitaria a muchos migrantes diariamente. El Centro Fray Julián Garcés explicó al PBI que muchos de ellos sufren abusos físicos por parte de policías en su paso por Tlaxcala, además de ser estigmatizados como criminales. El maestro Óscar Castro, director del Instituto Ignacio Ellacuría, denunció que los integrantes del albergue en Apizaco sufren hostigamiento y amenazas por la labor que hacen.
Además de ser una ruta para los transmigrantes, Puebla y Tlaxcala también son estados de origen para miles de emigrantes mexicanos que se van a Estados Unidos. En Puebla la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo considera que el actor emigrante, con sus envíos de dinero, es fundamental para la supervivencia económica en las comunidades de origen. Por esa razón, la organización está en constante diálogo con el gobierno para la creación de programas claros de atención a migrantes y sus familiares. Además, capacitan a este sector de la población sobre sus derechos y sobre cómo exigir información a las autoridades. Iniciativa Ciudadana también presta atención a la situación de los transmigrantes, promoviendo foros, publicando material informativo y apoyando a otras organizaciones que buscan proteger los derechos de las personas que cruzan hacia EU.
“Una problemática bastante visible en Puebla y Tlaxcala, y que afecta también los derechos y seguridad de los transmigrantes además de poblaciones locales es la trata. La Organización Internacional para las Migraciones identificó a Tlaxcala como el foco rojo de origen, destino y traslado de víctimas del delito en México. Puebla ocupa la segunda posición. El gobierno de Tlaxcala tipificó el delito de trata en el 2007 y, en este mismo año, creó el Consejo Estatal Contra la Trata, del cual organizaciones de la sociedad civil son parte. Sin embargo, el Centro Fray Julián Garcés exige más avances en el tema, ya que la primera sentencia en el estado sólo se produjo en 2012, cinco años después de la aprobación de la ley. La organización enfatiza la importancia de la sensibilización de la sociedad sobre el problema, la reinserción social de las víctimas y la sanción a los culpables. Según el Centro, el sur de Tlaxcala concentra un gran número de familias de tratantes. El Instituto Ignacio Ellacuría, en Puebla, lleva
a cabo un trabajo de investigación sobre la temática, con el objetivo de proponer cambios legislativos para la mayor protección a las víctimas. El Instituto está construyendo un sistema de registro de casos para informar a la sociedad civil y autoridades sobre la situación. Óscar Castro, director del Instituto, es actualmente el presidente del Observatorio Latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. El Centro Fray Julián Garcés apoya a las familias de las víctimas en su proceso de denuncia, búsqueda de refugios y contacto con las redes de apoyo. Tanto el Centro como el Instituto Ignacio Ellacuría piden a las autoridades de los dos estados que actúen de forma decisiva para eliminar este delito que daña las vidas de centenas de mujeres y niños”.
DIVERSIDAD SEXUAL
PBI tuvo la oportunidad de escuchar las experiencias de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTT en Puebla. El Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana tiene como objetivo hacer del teatro un medio de difusión, combinado con el activismo. Su trabajo se enfoca en visibilizar las problemáticas que sufren las mujeres y, particularmente, la población lésbica. Llevan a cabo el proyecto “Teatro de las Oprimidas”, cuyas obras se han presentado en diversos estados de México, así como en Estados Unidos y Guatemala. El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos busca generar herramientas para la incidencia política y social en temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, trabajando especialmente en tres grandes líneas: combate a la homofobia, derecho a decidir y la educación sexual. Vida Plena Puebla (No Dejarse es Incluirse AC) ha estado trabajando dos temas prioritarios: derechos humanos para la población LGBTT y prevención del VIH, especialmente con un trabajo de educación de base con la población afectada. Las tres organizaciones forman parte del Comité Orgullo Puebla (quiénes organizan la Marcha del Orgullo, la Dignidad y la Diversidad Sexual en el estado).
Una de las problemáticas que las organizaciones destacaron ante el PBI en el estado de Puebla es la criminalización del aborto. Informaron que en marzo de 2009, se votó en el Congreso una iniciativa que pretendía reformar la Constitución Política del Estado de Puebla impidiendo la despenalización del aborto y la unión entre personas del mismo sexo. Asimismo, la iniciativa pretendía derogar las causales ya existentes para la realización de un aborto (mal formación del feto, violación sexual, riesgo para la madre). Lograron que se mantuvieran las causales ya reconocidas para la interrupción del embarazo, sin embargo, parte de la reforma fue aprobada. Estas organizaciones explican que se entendió que “cualquier mujer que aborta debe ir a la cárcel” y, en el año siguiente, existían ya un alto número de mujeres procesadas, muchas denunciadas por el mismo médico o enfermera, y varias de estas en situación de abortos espontáneos.
El PBI resalta: “también destacan la falta de atención gubernamental a la discriminación en razón de género u orientación sexual, tanto en la prevención como en la investigación de los casos. Esta problemática se hizo pública este año con el asesinato de la activista Agnes Torres, psicóloga que trabajaba directamente con varias de las organizaciones de la sociedad civil poblana. Comentan las organizaciones que, a raíz del caso, recientemente se aprobó una reforma a la Constitución del Estado en la que se agrega una agravante penal para la violencia en razón de género y como delito la discriminación por orientación sexual.
“Debido a su labor las organizaciones han sido deslegitimadas por grupos contrarios a esas causas. En mayo de este año, por ejemplo, la legitimidad moral de una de las integrantes del Observatorio Ciudadano fue cuestionada por regidoras de Puebla en el marco de su participación en el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad de Género, debido a su posible “preferencia” sexual y su labor en defensa del derecho a decidir”.
