PGR investiga red de robo y tráfico de drogas en su flota aérea
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Se han descubierto graves irregularidades en el manejo de la flota aérea, dice. Lo menor es la inexistencia de manuales de operación. Lo más grave: la sospecha de que aeronaves oficiales fueron usadas para traficar con drogas, en un sexenio en el que la guerra contra los cárteles ha costado por lo menos 70 mil vidas
Sinemgargo informa que la Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado una de las mayores investigaciones internas en este sexenio.
Según revela el diario La Jornada, se han descubierto graves irregularidades en el manejo de la flota aérea, dice. Lo menor es la inexistencia de manuales de operación. Lo más grave: la sospecha de que aeronaves oficiales fueron usadas para traficar con drogas, en un sexenio en el que la guerra contra los cárteles ha costado por lo menos 70 mil vidas.
Pero eso es sólo una parte de la investigación. La Jornada dice que las autoridades indagan robo y tráfico de refacciones, simulación de reparaciones, “extravío” de bitácoras de vuelo y de reportes de mantenimiento, contratación de seguros para helicópteros y aviones que no sirven, la realización de vuelos en naves sin condiciones de aeronavegabilidad.
“Se abrió una indagatoria en la que están involucrados más de 12 funcionarios que laboraron desde 2006 en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, donde además la Procuradora Marisela Morales Ibáñez descubrió que con presupuesto de la propia PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que los servidores públicos se robaban y que luego enviaban a los compradores”, dice el diario.
Este viernes, en la inauguración de la Segunda Reunión de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Boca del Río, Veracruz, Morales Ibáñez hizo un llamado a los gobiernos locales a sumar esfuerzos “porque no se entiende un combate frontal y decidido a la delincuencia sin la voluntad firme de los gobiernos en hacer coincidir sus esfuerzos y acciones en busca del objetivo común, el respeto a la libertad y seguridad de nuestros ciudadanos.
La Jornada dice que Morales Ibáñez también ordenó la suspensión de todas las operaciones de la flota, la concentración del personal y la revisión inmediata de todos los equipos, porque una auditoría que está en marcha y aún no concluye determinó que del total de 80 aeronaves, sólo cinco están en condiciones de volar sin problemas.
Se pidió a la Oficialía Mayor, a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) y a la Visitaduría General, que “vayan a fondo, hasta donde tope”, agrega el diario, para descubrir las redes de corrupción que existen entre funcionarios de la DGSA, empresas privadas y servidores públicos de otras instituciones, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y se lleve a los tribunales a todos los involucrados, de acuerdo con información obtenida de altos funcionarios del gabinete de seguridad nacional.
A finales de los años 90 la PGR llegó a tener una flota de 180 aeronaves, que se consideró la más grande de América Latina. En la actualidad tiene 80, entre aviones y helicópteros, en condiciones desastrosas, a pesar del constante aumento en el presupuesto de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.
“La auditoría a la DGSA también descubrió que cada hora de vuelo en esas naves significa una erogación de 4 mil 629 dólares, mientras una empresa privada cobra 3 mil dólares por el mismo servicio, sin tener que pagar salarios, seguros, mantenimiento ni derechos de plataforma o pernocta en aeropuertos. Las fuentes consultadas indicaron que el caso inició en mayo, cuando la oficialía mayor solicitó por escrito al ex director de la DGSA, capitán Manuel Jesús González Flores, que enviara los manuales de operación del área, incluidos los de procedimientos de taller y de manejo de aeronaves. La contestación ‘fue que no sería posible y no eran necesarios’”, de acuerdo al periódico.
En la indagatoria, según los funcionarios entrevistados, se han agregado los resultados de la auditoría que lleva a cabo la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solution, integrada por especialistas retirados de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.
