Rector de la UTO denuncia abusos de auditores del OFS
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La salida de Víctor Manuel Hernández Quinta y el arribo de David Villanueva Lomelí como auditor general del Órgano Superior de Fiscalización (OFS) supuso la erradicación de los vicios que han dominado a esa instancia. Sin embargo, hay elementos para suponer que eso no ha ocurrido. Una prueba de ello es que tres funcionarios del OFS en días pasados de manera arbitraria, y usando a dos testigos falsos, intentaron obligar al rector de la Universidad Tecnológica de Oriental (UTO) a aceptar el cierre de una auditoría que nunca se realizó y había sido abandonada seis meses atrás.
Es un secreto a voces que alcaldes, sobre todo del medio rural, titulares de organismo públicos descentralizados y de instituciones de educación superior, constantemente sufren abusos y acoso de los auditores del OFS, pero pocos se atreven a levantar la voz en su contra por las represalias que puede sufrir.
Por eso resulta relevante que hace unos días el rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, José Roberto Fuentes López, haya tenido el valor de presentar un recurso revocación en contra del cierre de auditoría OFS/10053/–11/DFP que se le practicó y denunciar los actos intimidatorios de tres funcionarios del órgano.
Los integrantes del OFS involucrados son los contadores públicos Ricardo Caselín Ramos y José Sergio Fernando Sánchez Hernández, y el arquitecto Pedro Gómez Cortés, quienes –el pasado 4 de enero– para validar el cierre de auditoría contra el rector de la UTO presentaron a dos testigos, quienes fueron dos personas que pararon en las calles de Oriental y los convencieron de firmar los documentos, sin saber de qué se trataba el acto que estaban presenciando.
Usaron a esas personas debido a que horas antes, los funcionarios del OFS le habían exigido al presidente municipal de Oriental que les mandara a dos regidores para que firmaran como testigos. El edil había accedido, pero al percatarse de que se trataba de un acto ilegal, ordenó a los miembros del cabildo a no prestarse a esa maniobra.
Queda claro que las personas que sacaron de la vía pública y los hicieron firmar como testigos, si no saben de qué se trata el acto jurídico que estaban presenciando, en realidad acaban siendo testigos falsos. Y con esas anomalías los enviados del OFS quieren validar la revisión de recursos federales en una institución de educación superior.
La historia de este caso es la siguiente:
El 7 de julio de 2011 los tres servidores públicos del OFS en cuestión se presentaron a la UTO para iniciar la auditoría OFS/10053/–11/DFP consistente en revisar el uso de recursos económicos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas y del Fondo de Aplicaciones Múltiples correspondientes al ejercicio fiscal de 2010. Los enviados le comunicaron al rector de la UTO que el trabajo de fiscalización se haría el 31 de agosto de ese mismo año.
Roberto Fuentes les comunicó a los auditores que de acuerdo con el calendario escolar oficial el personal de la universidad tenía programadas vacaciones del 18 al 22 de julio, pero en el caso de los trabajadores administrativos se les tuvo que cancelar esa prestación para pudieran atender la auditoría.
Luego de esa visita del 7 de julio, los tres funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización nunca regresaron. No siquiera cumplieron con la auditoría que programaron y notificaron que se realizaría el 31 de agosto.
Cuatro meses después, el pasado 13 de diciembre, sin previo aviso los funcionarios del OFS se presentaron a “cerrar” el acta de auditoría, misma que nunca se había hecho, ya que no regresaron el día acordado.
Y por si fuera poco, ya llevaban una lista de observaciones sobre el uso del presupuesto que debería de responder el rector Roberto Fuentes López.
La respuesta del rector era que primero le debían de informar por escrito por qué no habían regresado a elaborar la auditoría programada, ya que el personal administrativo había preparado la información requerida –además de quedarse sin vacaciones–, misma que nunca les pudieron entregar por su larga ausencia de cuatro meses. Frente a dicho requerimiento no hubo la más mínima respuesta de los representantes del OFS.
Casi un mes después, el 4 de enero de este año, de nueva cuenta se presentaron los integrantes del OFS, sin que hubieran notificado a la UTO que iban a hacer acto de presencia. Con prepotencia en la universidad exigieron la presencia del rector, quien ese día se encontraba en la ciudad de Puebla.
Y al no encontrarlo informaron que ahora si cerrarían el acta de la auditoría –que nunca iniciaron– y para ello, tenían a dos testigos de que darían fe de que el proceso era legal. Esos testigos se los habían conseguido en la calle minutos antes y no entendían de qué hablaban.
Las anomalías no terminan ahí, los enviados del OFS no solamente cerraron el acta de la auditoría que nunca se llevó a cabo y presentaron a testigos ajenos al tema, sino que le dejaron la lista de observaciones que el rector debería de contestar en “cinco días”.
Nunca aclararon si ese plazo era de cinco días naturales o hábiles.
Eso es lo de menos, sino que el artículo 45 de la Ley Orgánica del OFS establece que un sujeto de revisión tiene un plazo de hasta 15 días para responder a observaciones de los auditores.
Queda claro que los funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización se presentaron con dolo y mala fe para intentar proceder contra el rector de la UTP a como de lugar, aunque no hubiera una base jurídica para ello.
Y este hecho es una muestra clara de que en el OFS se sigue actuando con criterios políticos, por encima de criterios técnicos.
Además, parecería que este asunto puede ser una prueba de que la llegada de David Villanueva Lomelí al OFS ha significado un cambio para que las cosas sigan igual.
