Reforma hacendaria y seguridad universal
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“Aumentar impuestos
a los pobres es insultante”,
Oscar Wilde
En principio, al Dr. Enrique Cárdenas, mil gracias por compartirnos estas políticas públicas y mis congratulaciones por su entusiasmo.
La aprobación de la Reforma Hacendaria es urgente, igual que la de seguridad social, para atender temas como la inversión, la generación de empleos, el crecimiento económico, la pobreza, el gasto público, etcétera.
Es momento de buscar acuerdos para concretarla y para que el Presidente pueda cumplir con las metas planteadas en campaña, como la de otorgar seguridad social universal a todos los mexicanos, sin excepción.
Hoy no hay dinero y las necesidades son de tal magnitud que rebasan la capacidad del gobierno. Las coyunturas y los intereses políticos nublan el horizonte.
La reforma no debe aplazarse, porque aun con la estabilidad macro económica alcanza en los últimos años, se ha generado una mayor desigualdad social.
Se requieren cambios tributarios para salir del estancamiento y lograr el bienestar básico de la población.
La propuesta de seguridad social universal es deseable, que incluya el derecho a la salud, a un seguro de riesgo de trabajo, a un seguro de desempleo y al acceso a una pensión para el retiro de los adultos de 65 años en adelante.
En México, 7.5 millones de personas tienen más de 65 años y sólo 3 millones cuentan con seguridad social, por lo cual el Presidente buscará elevar a 4.5 millones la cobertura.
En los últimos días, varios economistas y la iniciativa privada han planteado la urgencia de las reformas, con argumentos y propuestas viables, lo que falta es una estrategia para su aprobación.
Lograrlas no será fácil, si como siempre se atienden sólo razones políticas y no de Estado. Es un asunto verdaderamente complicado. El Presidente necesita poner voluntad y capacidad para buscar acuerdos.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), sostiene que la reforma al sistema de protección social garantiza el acceso de todos los mexicanos a un paquete mínimo de derechos sociales.
Propone eliminar el sistema dual existente, mediante impuestos universales.
El sistema de protección social debe financiarse con recursos públicos provenientes de ingresos generales al consumo y a las ganancias, eliminando regímenes especiales y el subsidio a las gasolinas.
Incluye la generalización del IVA (3.4% del PIB), elimina subsidios a las gasolinas (de 1.5 a 2% del PIB) y mejora la administración fiscal (al menos 0.5% del PIB).
Este esquema anula las contribuciones obrero patronales correspondientes al IMSS y al ISSSTE.
El CEEY coincide con otros expertos que señalan que la hacienda pública atraviesa por una crisis: no hay dinero y los gastos públicos ineludibles se financian con ingresos no permanentes. Hay una marcada dependencia de la renta petrolera, no alcanza para cubrir gastos de inversión y la deuda aumenta.
El problema hacendario existe en el lado de los ingresos y en el de los egresos, así como en su distribución entre los tres órdenes de gobierno.
El sistema tributario es complejo en cuanto a su normatividad y cumplimiento, en comparación con el de otros países donde hay eficiencia recaudatoria.
La recaudación como proporción del PIB es la más baja entre los países miembros del OCDE.
El 85% del total de los ingresos tributarios se obtienen a partir de dos impuestos: el ISR y el IVA. El primero contribuye con el 50% y el IVA con el 35%.
El IVA contempla tasas diferenciadas y preferenciales, así como excepciones en productos, esto implica dejar de recaudar al menos 2 puntos porcentuales del PIB.
Una auténtica Reforma Fiscal deberá simplificar la distribución para dejar un solo impuesto con tasa única, en vez de las seis o siete contribuciones existentes.
Enrique Peña Nieto propone una reforma integral que contemple la simplificación administrativa, impuestos progresivos y una base de contribuyentes más amplia. Así, que paguen más quienes más tienen, los pobres deben contribuir menos.
El impuesto único debe proteger a los más débiles.
Sólo con un sistema tributario eficiente, progresivo y justo se podrá caminar por el sendero de la productividad y de la competitividad. La deuda no es opción, sí a ingresos fiscales sanos.
Peña afirmó en Europa que la reforma debe revisar las atribuciones fiscales de los tres órdenes de gobierno y someter a la federación, estados y municipios a una mayor transparencia.
Como se ha planteado, se necesitan reformas para progresar como nación.
Hasta ahora sólo se han hecho cambios fiscales parciales, pero se requiere ir al fondo, con un aparato tributario eficiente.
Los ingresos públicos son la herramienta importante que tiene el Estado para cumplir con sus responsabilidades ineludibles en la promoción del bien común.
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