Reprueban evaluación jueces, MP y defensores públicos de Puebla
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Puebla, al igual que el resto de las 31 entidades federativas del país, reprobó el desempeño del sistema de justicia penal pues de un rango de calificación del 1 al 5, los poblanos calificaron con 1.8 a las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado, así lo dio a conocer la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México (Ensijup) 2012 realizada en la entidad por la Secretaría Técnica del gobierno federal.
Los resultados a nivel nacional fueron negativos en todos los estados y, aunque dentro de este ranking Puebla está en la media nacional, la calificación sigue siendo reprobatoria para ministerios públicos, policías, defensores públicos y jueces evaluados.
Los datos que revela el estudio, destacan que un gran porcentaje de poblanos supone que debe pagar a las instancias encargadas de impartir justicia para que hagan su trabajo, colocando al estado por encima de la media nacional en tres de las cuatro instituciones que se evaluaron.
Además, sobresalió que se desconocen los derechos en caso de ser víctimas de la delincuencia, ya que uno de cada tres ciudadanos en Puebla no sabe dónde interponer una denuncia, 27 por ciento desconoce qué hacer en caso de ser víctima y sólo 25 por ciento sabe ante quién quejarse si no está conforme con el trato en los ministerios públicos.
Este es el estudio más grande sobre percepción de justicia realizado en el país con el respaldo internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la colaboración de cuatro empresas encuestadoras: Covarrubias y Asociados, Market and Opinion Research (More), Parametría y Sistemas de Inteligencia en Mercado y Opinión (SIMO-México).
La encuesta se aplicó en Puebla durante el primer trimestre de este año y fue diseñada a raíz de que en junio de 2008 se aprobara la reforma constitucional para transformar el sistema de justicia penal en México de inquisitorio mixto a acusatorio adversarial, con el objetivo de evaluar la percepción de los ciudadanos en torno a la transición en la forma de impartición de justicia, por lo que la encuesta midió tres aspectos: percepción del sistema de justicia penal actual, conocimientos de los derechos de las víctimas-acusados y el nuevo sistema.
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