El caso Nuevo León para la BUAP
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El abogado Gilberto Vladimir Montalvo González compartió con este reportero un interesante análisis del amparo que promovió a nombre de la aspirante a ingresar a la BUAP, Karla Ivonne Caballero Arroyo, debido a que según su razonamiento legal existen condiciones para que sea admitida en la máxima casa de estudios por esa vía legal.
El abogado, en su derecho de réplica sobre el tema de la aspirante rechazada y que fue abordado en este espacio, refiere: “A inicios de 2012, el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, Estado de Nuevo León, concedió el amparo a un quejoso para que la Universidad de Nuevo León lo admitiera como estudiante, arguyendo entre otras cosas que la Universidad debe probar si el aspirante aprobó o no el examen, sin embargo tal universidad como también lo hace la BUAP destruyen los exámenes de admisión, por lo que no pueden probar tales extremos”.
De tal forma que vale la pena reproducir las anotaciones del abogado porque si logra derrotar a la BUAP marcará un precedente para los siguientes procesos de admisión en la máxima casa de estudios de Puebla:
“Es cierto que en anteriores años se han promovido diversos amparos contra la BUAP sin resultados. Los Tribunales Federales en varias partes del país, y a raíz de diversos amparos promovidos por rechazados de universidades públicas, argumentaron básicamente que el aspirante no tenía interés jurídico para demandar en amparo a las universidades públicas, es decir no tenía el derecho a ampararse, en tanto no había sido admitido. Tales amparos nunca se negaron sino que se sobreseyeron, lo que es lo mismo, nunca se ha analizado si es o no constitucional la forma de ingreso a las Universidades Públicas.
Como sabrá en el año 2011 hubo una importante reforma Constitucional en lo que refiere a derechos humanos, reformándose el artículo 107 Constitucional que regula el juicio de Amparo, estableciendo el llamado “Interés legítimo” que habilita a diversos grupos a acudir al juicio de amparo a fin de salvaguardar sus intereses, aunque tales no estén reconocidos explícitamente en las leyes secundarias.
Muy recientemente en abril del presente año entró en vigor la nueva Ley de Amparo, que reglamenta el interés legítimo y demás cuestiones del juicio de amparo.
En ese tenor los amparos a los que alude son los primeros en contra de la BUAP que se promueven con la Nueva Ley de Amparo, por lo que en su caso consideramos que a diferencia de otros años la quejosa tiene interés legítimo para demandar el amparo solicitado.
Por lo dicho, no estamos en la misma situación que en años anteriores, ya que la gama de derechos del gobernado se ha ampliado. Ahora con el nuevo Juicio de amparo, los Tribunales Federales, deberán constatar por lo que hace al amparo que publicita: Primero: que efectivamente la BUAP pruebe que el aspirante no aprobó el examen; luego deberán decidir si el hecho de que se permita el pase directo a hijos de trabajadores BUAP es equitativo, si violenta el 13 constitucional que prohíbe las prerrogativas; si es constitucional que un organismo extranjero evalué a los aspirantes, si esto es o no violatorio del principio de nacionalidad de la educación etc. Como ve las posibilidades son ahora más amplias que en otros años, y de hecho es lamentable que existan sólo dos amparos contra la BUAP, cosa que demuestra que el gobernado desconoce que sus derechos se han ampliado con las recientes reformas en amparo y derechos humanos.
Sin más por el momento se despide un servidor”.
Un ejercicio sumamente interesante y de cuyo resultado daremos cuenta de manera puntual.
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