Ex de Peña Nieto acusa a autoridades de inequidad en juicio por pensión alimentaria
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Maritza Díaz Hernández dijo que Peña Nieto ha recurrido a argucias legales para entorpecer el juicio entablado por ella para forzarlo a cumplir con la pensión alimenticia
Sinembargo informa que los escándalos con las mujeres parecen ser la firma de la familia. Apenas el pasado 21 de febrero, el tío Arturo Montiel fue expuesto a nivel internacional por su ex exposa, Maude Versini. Ahora el sobrino, el Presidente Enrique Peña Nieto, enfrenta a la madre de su hijo y ex pareja, Maritza Díaz Hernández.
Hoy, en un comunicado, Díaz Hernández dijo que Peña Nieto ha recurrido a argucias legales para entorpecer el juicio entablado por ella para forzarlo a cumplir con la pensión alimenticia, “cantidad unilateralmente fijada por Enrique, misma que fue reducida en comparación con lo que había estado aportando”.
También acusa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al Senado de la República y a la Embajada de Estados Unidos en México de no proceder a pesar de que ella misma ha recurrido a interponer demandas en contra del ahora Presidente.
“Escribo este texto porque enfrento procesos legales en plena inequidad, no encuentro resultados en la ‘Justicia’ proveniente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por conducto del Juez Tercero Familiar de Toluca, la Primera Sala Regional Familiar de Toluca y el Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Federal y considero que la opinión pública debe conocer los detalles del caso”, dice.
“Por otras cuestiones que nada tienen que ver con la pensión alimenticia –asegura la ex pareja de Peña Nieto–, el 24 de octubre del 2012 presenté un procedimiento legal para que Enrique atendiera necesidades indispensables para nuestro hijo. Expuse dicho procedimiento en el Distrito Federal, lugar en el que mi hijo y yo residimos actualmente; la controversia fue enviada al Juzgado Noveno de lo Familiar del DF el cual, el 31 de enero de este año, determinó procedente (a solicitud del apoderado de Enrique y al contrario de lo que dice la fracción II, del artículo 40 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal) una conexidad e informó que esta segunda demanda también debía ser conocida por el Juez Tercero de Toluca, por lo que ordenó que se enviara de inmediato el juicio a dicho juez”.
“Aquí existe la grave irregularidad de que el Juez Noveno de lo Familiar en el DF entregó los autos originales, documentos base de la acción, escritos no acordados, etc. al demandado en el Juicio, a través del hijo del apoderado legal de Enrique, quien los tuvo en su poder por más de seis horas para su traslado y entrega al Juzgado en Toluca”, agrega. Y enumera lo que considera irregularidades:
“• El sistema se cayó durante 40 minutos justo cuando presenté la demanda.
“• La presenté el 24 de octubre del 2012 y fue admitida hasta el 14 de noviembre del mismo año.
“• Aquí también se establece sin fundamento legal la restricción de publicar y difundir datos e imágenes del proceso.
“• Se ordena la publicación de la controversia como “asunto secreto”.
“• El emplazamiento se realiza en un domicilio diferente al proporcionado, que a partir del 1º de diciembre era la Residencia Oficial de Los Pinos.
“• No se atiende la solicitud de medidas precautorias.
En el comunicado dado a conocer en su página de Internet, agrega: “Las prestaciones que solicito están encaminadas a que se respeten en toda su amplitud los Derechos Humanos y el Interés Superior de nuestro hijo: nombre, filiación, igualdad y equidad, derechos de la niñez, seguridad, el libre desarrollo de su personalidad sin que se le afecte su estado físico, mental y emocional, al igual que la dignidad humana”.
Maritza Díaz Hernández dice que ha “emprendido distintos juicios de amparo y recursos de apelaciones en ambas Entidades. Entiendo que en México la independencia judicial ha tenido un lento avance, pero en mi caso, han pasado por encima de mis derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. También he informado por escrito y he acudido a diversas instituciones: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Senado de la República, Embajada de EU en México, etc.; quienes amablemente me reciben y se sorprenden al conocer los hechos; sin embargo no actúan”.
“Sorprendida y sin entender el proceder de Enrique, porque conviví con él por años, me desconcierta su actuar. Quiero pensar que por sus múltiples ocupaciones y responsabilidades no está enterado o no se le ha informado bien sobre el estado que guardan los procesos que conciernen a nuestro hijo”, abunda.
“Desde mi punto de vista, un proceso legal en donde está involucrado el Presidente de México, debe ser un digno ejemplo de justicia para que los ciudadanos constaten que su mandatario es congruente en el decir y en el actuar, hecho que generará la confianza y credibilidad que México tanto requiere y reclama. Las instancias de justicia, los organismos de Derechos Humanos, las instituciones de transparencia y legalidad, etc., deben fortalecerse, los presidentes van y vienen, pero éstas Instituciones quedan, continúan y deben crecer y mejorar día a día”, manifiesta.
Concluye: “En las próximas semanas daré a conocer la eventual respuesta del padre de mi hijo y Presidente de México”.
