ONG´s presentan queja contra EPN por violar derechos a alimentación y salud
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Adujeron que autorizar la cultura de maíz modificado genéticamente viola el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la salud y, por si fuera poco, ignora los derechos culturales
Apro informa que organizaciones no Gubernamentales (ONG) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por violar el derecho a la alimentación, salud y medio ambiente al no hacer nada para evitar que empresas transnacionales siembren semillas de maíz transgénico en campos de cultivo de los estados de Tamaulipas y Sinaloa.
En la querella, que fue presentada el pasado viernes 22, los denunciantes invocaron a la obligación constitucional que somete los políticos a aplicar el principio precautorio.
Además, adujeron que autorizar la cultura de maíz modificado genéticamente viola el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la salud y, por si fuera poco, ignora los derechos culturales.
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles advirtieron que si el recurso de las medidas cautelares no próspera en la CNDH, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En septiembre de 2012 las empresas transnacionales Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences solicitaron a la administración de Felipe Calderón seis permisos de liberación comercial de semillas de maíz, resistentes a insectos y tolerantes al herbicida glifosato, para aplicarlos en los estados de Tamaulipas y Sinaloa.
A través de su campaña “¡Que no decidan por ti!”, Greenpeace México, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Convergencia de Organismos Civiles, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” y El Poder del Consumidor exhortaron a los ciudadanos a enviar cartas a la administración de Peña Nieto para que rechace las solicitudes. También los alentaron a presentar sus propias quejas ante la CNDH.
“Como consumidores es vulnerado nuestro derecho a elegir qué productos deseamos consumir, debido a que la legislación en materia de salud y de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (OGM) no prevé su etiquetado”, dijo Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace en un comunicado de prensa.
El artículo 4 de la Constitución mexicana, ampliado por la Observación 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, garantiza el derecho a una alimentación sin sustancias nocivas.
Lorena Velazco, de la Convergencia de Organismos Civiles, advirtió que hasta la fecha no existe ningún estudio independiente que haya comprobado la ausencia total de inocuidad a largo plazo del alto consumo de maíz cuyo genoma ha sido manipulado.
“Mientras no exista certeza de la inocuidad, está obligada la autoridad a no conceder esos permisos para proteger la salud, el medio ambiente y la alimentación de los mexicanos”, afirmó Ana María Salazar del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos.
Salazar recordó que en México se consume en promedio 218 gramos de maíz por día y por persona en el campo y 155 gramos en un entorno urbano; y el propio Enrique Peña Nieto anunció el 4 de marzo que siete de cada diez tortillas del país se producen en Sinaloa. “México tiene alto consumo energético de este grano. El maíz transgénico en los Estados Unidos se destina al consumo animal. Estamos siendo conejillos de India para una población donde no existe estudios de consumo masivo de maíz transgénico”, planteó.
Velazco recordó que México es el centro de origen del maíz –al sumar 59 razas diferentes–, base de la cocina mexicana que la UNESCO reconoció en 2010 como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Al aceptar el cultivo de semillas genéticamente modificadas, el gobierno mexicano daría un golpe al sistema milpa, el cultivo tradicional del maíz, además de favorecer el monocultivo frente a alternativas, lo que deterioraría la diversidad genética de este cereal, denunciaron las organizaciones.
Afectaría también al derecho a un medio ambiente sano, reveló Mará Colín, asesora legal de Greenpeace. Producirá malezas e insectos resistentes a las sustancias plaguicidas incorporadas al maíz y arriesgará generar “contaminación genética” irreversible de las razas nativas –como en Oaxaca en el 2001–, lo que “puede conllevar problemas de orden legal a los agricultores debido a los patentes sobre las semillas”, subrayó.
