CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: LA GRAN FARSA
Arturo Luna Silva
Simuladores, profesionales de la mentira, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, PAN y PRD negocian “en lo oscurito” una nueva ley en materia electoral que, entre otras cosas, establece las denominadas candidaturas independientes, pero que en realidad no es sino una de las más grandes farsas de nuestro cerrado sistema político, pues no sólo no busca fomentar la participación de los ciudadanos en el juego democrático, sino que representa un retroceso que consolida, en los hechos, la nociva partidocracia mexicana.
Según el proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales –que va a sustituir al Cofipe-, quienes aspiren a obtener su registro como candidatos independientes deben cumplir una serie de requisitos que de principio a fin los ponen en desventaja respecto a los candidatos de partido propiamente dichos.
Es decir, los aspirantes presidenciales sin partido deberán demostrar firmas de apoyo equivalentes al 1 por ciento de la lista nominal de electores, aproximadamente 783 mil firmas, de por lo menos 17 estados.
En el caso de los aspirantes a senadores, tendrán que recabar las firmas del 2 por ciento de ciudadanos en la mitad de los distritos del estado por el que pretendan postularse, mientras que quienes busquen ser diputados de mayoría relativa, también deberán acreditar el 2 por ciento del distrito por el que pretendan competir.
Se trata, en el fondo, de una aberración, pues, de entrada, a los candidatos independientes no se les puede pedir tres veces más requisitos que a los partidos políticos y lo peor: cumplirlos en tres veces menos tiempo.
Y es que mientras los partidos tienen más de un año para completar el número de afiliados que demanda la ley, a los candidatos independientes se les pretende dar sólo 120 días para conseguir las firmas de apoyo.
Un absurdo.
Pero lo peor no es eso, sino que la mafia conformada por el gobierno y el PRI, PAN y PRD parece dispuesta a impedir por completo la participación de los ciudadanos sin partido en los procesos electorales.
Y es que además de todos los candados que plantea el proyecto de ley, hay otras trabas que hacen triplemente complicado que un independiente llegue a ser candidato, pues se establece que los aspirantes no podrán hacer campaña por radio ni TV para recabar sus firmas, no tendrán acceso a financiamiento público ni a tiempos oficiales en medios hasta que consigan su registro y si alguno de ellos ha corrido con suerte y logra convertirse en candidato, no podrá ser sustituido una vez registrado ante el INE y, en el colmo de colmos, no aparecerá su fotografía en la boleta electoral.
Lo que plantean los dueños del poder en México es tan excesivo como retrógrada y hasta ofensivo para la inteligencia ajena, pues más que facilitar la participación de los ciudadanos, las condiciones que han planteado buscan en realidad obstaculizar hasta la ignominia las candidaturas independientes.
Todo parece indicar que han diseñado todo para hacer imposible el registro de un ciudadano con ganas o ilusión de participar en la vida del país mediante un proceso democrático.
No es posible que se exija lo que no se exige a los partidos políticos y, además, que el gobierno y el PRI, PAN y PRD piensen que nadie se dará cuenta del verdadero “gato encerrado” que hay detrás de su anacrónica propuesta de nueva ley electoral.
Una farsa se le vea por donde se le vea. Y tan grave como la sucedida en Puebla, donde para privilegiar sus intereses y evitar ponerlos en riesgos, los partidos políticos representados en el Congreso aprobaron que aquellos aspirantes a ser candidatos a gobernador están obligados a reunir el 2 por ciento de las firmas del padrón electoral estatal y los aspirantes a diputados o alcaldes el 3 por ciento, lo que sin duda es también todo un despropósito y un factor que inhibe la participación de los ciudadanos al margen de los partidos políticos.
¿O me equivoco?