SEXOSERVIDORAS: LAS MANOS QUE MECEN LA CUNA
Arturo Luna Silva
El pasado 26 de mayo un grupo de mujeres, autoidentificadas como trabajadoras sexuales, se manifestó en el centro histórico, pero no se trató de un hecho aislado ni fortuito, sino parte de una respuesta directa y abierta de la delincuencia organizada para doblegar al ayuntamiento de Puebla y lograr -mediante la presión social y mediática- la supervivencia de su negocio millonario, soportado en uno de los más graves y vergonzosos delitos: la trata de personas.
Un trabajo de inteligencia realizado en los últimos días ha permitido conocer las claves y el trasfondo de lo que fue una protesta tan inédita como extraña. El mismo día que las sexoservidoras –ocultas del rostro y con pancartas perfectamente elaboradas- salieron a las calles a exigir sus derechos, hubo acciones idénticas en por lo menos otras dos ciudades del país, en una sucesión de hechos totalmente concertada que deja en evidencia el tamaño del enemigo que se enfrenta.
En el caso de Puebla, la movilización fue una reacción directa al operativo realizado seis días antes por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el inmueble ubicado en la 7 Norte 605, donde se ejercía la trata de personas desde hace varios meses.
En ese lugar se aseguró a 30 personas, entre ellas a seis sujetos que, de acuerdo con las investigaciones, formarían parte de una red nacional e internacional del mercado ilícito de mujeres, que ha florecido en los últimos años, tanto que hace unos días un juez federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Bonifacio Flores Méndez, nacido en Puebla, por encabezar junto con su hermano Isaías, una organización de prostitución que forzaba a docenas de mujeres mexicanas, varias de ellas poblanas, la mayoría indocumentadas, a trabajar en los cuatro prostíbulos que poseían en Nueva York, así como en granjas y domicilios particulares.
El día de la manifestación en Puebla lo primero que llamó la atención fue la insistencia de las mujeres en asegurar no ser víctimas de trata y ejercer de manera voluntaria el sexo servicio. “¡Aquí no hay padrotes!”, gritaban.
También fue notorio que hayan señalado con especial énfasis sufrir constantes abusos e intimidación por parte de elementos de Seguridad Pública municipal, pero sin que se haya presentado nunca una queja o denuncia formal.
Perfectamente organizadas, exigieron una y otra vez el cese de los operativos y la reapertura de sus centros de trabajo.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación (SG) les ofreció recibir a una comisión y que ésta expusiera sus demandas.
Dicho encuentro ya se realizó y en él se escuchó a las representantes del grupo de inconformes y se les explicó que los operativos son competencia estatal y que no se frenarán porque es política pública combatir la trata de personas.
El pasado martes 3 de junio hubo una nueva reunión, en la que se les ofreció orientación y asesoría para interponer una denuncia en caso de sufrir algún tipo de agresión por parte de policías municipales, se les ratificó el respeto a sus garantías individuales y se les informó que no existe la posibilidad de la apertura de una zona de tolerancia.
No obstante, no quedaron conformes y amagaron con nuevas formas de protesta.
No han dicho por supuesto, por obvias razones, los verdaderos intereses que defienden ni mucho menos que lo que realmente buscan es que las autoridades estatales y municipales no metan más sus narices en el negocio de sus “jefes”, un negocio altamente lucrativo para los grupos criminales organizados: la explotación sexual de seres humanos.
El asunto es, por supuesto, delicado y tiene alcance más allá de nuestras fronteras, pues se trata de una red que opera incluso a nivel internacional y que quisiera tener a Puebla como su epicentro en México. Las investigaciones continúan y seguramente muy pronto se desenmascarará a quienes usan a estas mujeres de carne de cañón e intentan presionar y chantajear al gobierno para mantener a salvo lo que es el tercer negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas.