Amnistía Internacional cuestiona cifra de desaparecidos en México
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La confusión ha marcado diferentes aspectos para abordar esta crisis, dice la organización
La Jornada informa que lejos de demostrar que está atendiendo debidamente los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, el gobierno de México ha dejado que prevalezca “la confusión que ha marcado diferentes aspectos para abordar esta crisis”, señaló Amnistía Internacional (AI).
En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada -que se conmemora hoy- la organización de derechos humanos lamentó que la Procuraduría General de la República haya dado a conocer el pasado 21 de agosto que el número de personas “no localizadas” sobre las que se presentó una denuncia es de 22 mil 322, pero sin explicar cómo se llegó a ese dato.
“Una vez más, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna. No queda claro cómo estas 22 mil 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo que se referían a 8 mil personas y el 16 de junio que explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas”, subrayó AI.
“A pesar de anunciar que este tema es prioridad para el gobierno federal, las cifras aportadas siguen creciendo sin tener ninguna coherencia entre las declaraciones que se van realizando, no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el por qué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportado como sustraído por la fuerza”, deploró el colectivo con sede en Londres.
De igual forma, AI calificó como preocupante que en las cifras no se especifique cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada, -es decir, cuando existen indicios del involucramiento directo o indirecto en la sustracción de la persona por un servidor público-, más aun cuando se sabe que en muchos casos hay funcionarios implicados, sin que existan procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.