Diputados aprueban la Ley Federal de Competencia Económica
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Su objetivo es promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica
La Cámara de Diputados aprobó con 397 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones, en lo general, el dictamen que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.
Su objetivo es promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica donde se privilegie la equidad entre la autoridad y los agentes económicos.
El dictamen busca acabar con las prácticas monopólicas y demás conductas anticompetitivas que durante años han retrasado el crecimiento económico del país, mediante la regulación de un órgano autónomo, independiente e imparcial en materia de competencia económica.
Así también, mediante la generación de esquemas de libre competencia y libre concurrencia; la prevención efectiva de las prácticas monopólicas y las conductas anticompetitivas, y el establecimiento de sanciones a quienes atenten en contra de estos mecanismos.
El dictamen establece las normas generales bajo las cuales el Estado garantizará, protegerá y restaurará las condiciones necesarias para la libre competencia y libre concurrencia, mediante la eliminación, prevención, investigación de monopolios, prácticas monopólicas, estructuras de mercado monopólicas o monopsónicas, concentraciones prohibidas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.
Al fundamentar, el presidente de la Comisión de Economía, el diputado Mario Sánchez Ruíz (PAN), mencionó que perfilar una legislación de competencia económica moderna y efectiva, en donde el órgano regulador sea autónomo, permitirá salvaguardar la seguridad jurídica de los agentes económicos, lo cual favorecerá a los consumidores, además de impulsar el crecimiento económico, la multiplicación de las empresas y la generación de más y mejores empleos formales.
Expuso que en materia de competencia México en las últimas décadas ha crecido a una tasa de apenas el 2 por ciento, por lo que resulta evidente que no existe una sana competencia en la economía. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha señalado que los consumidores mexicanos gastan alrededor del 40 por ciento más en mercados con problemas de competencia.
Precisó que la comisión aprobó modificar más de 35 de los 130 artículos contenidos en la Ley con la finalidad de clarificar los alcances del órgano autónomo, garantizar a los agentes económicos un debido proceso y fortalecer finalmente a la productividad de las pequeñas y medianas empresas, así como del consumidor.
Explicó que entre los cambios más significativos a esta reforma se encuentra la de incluir una definición clara de barreras a la competencia y libre concurrencia, ya que estos términos no estaban contemplados en la iniciativa original.
En lo referente a la imposición por parte del Ejecutivo Federal de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, dijo que la comisión tendrá que determinar mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.
Por otra parte, se incrementó el plazo de 20 a 45 días para que los agentes económicos con interés jurídico manifiesten lo que a su derecho convenga. Además, se incorporó la figura de un comisionado ponente de manera rotatoria, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o su modificación.
También se otorga al probable responsable o denunciante el derecho de solicitar al Pleno una audiencia oral dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, con el objeto de realizar las manifestaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, se plantea que para determinar la existencia de insumo esencial, además de los criterios que contemplaba la iniciativa, la comisión deberá considerar si el insumo es controlado por uno o por varios agentes económicos con poder sustancial y las circunstancias bajo las cuales el agente económico llegó a controlar dicho insumo.
De igual manera, se especifica que en las visitas de verificación la autoridad procurará no afectar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, a efecto de evitar daños al agente económico y en consecuencia a los consumidores.