Director de Operaciones Especiales, responsable del desalojo en Chalchihuapan
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La dependencia estatal envió a 427 policías preventivos para reabrir la autopista, reveló en un boletín informativo
En respuesta a las solicitudes de información presentadas en la unidad de transparencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) divulgó datos del operativo de reapertura de la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio, cuando pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan cerraron la vialidad en demanda del regreso del registro civil a la autoridad local.
Durante los hechos violentos, que derivaron en el fallecimiento del menor José Luis Tehuatlie, la dependencia estatal envió a 427 policías preventivos para reabrir la autopista. Mediante un boletín informativo, precisa que los elementos policiacos “solamente utilizaron equipo de disuasión consistente en:
- 20 lanzadores de dispositivos de gas lacrimógeno, 13 de ellos sencillos de modelo TL1-37/38 mm, de la marca Penn Arms, así como 7 lanzadores múltiples de modelo TL8-37/38 mm, también de la marca Penn Arms.
- 66 dispositivos de gas lacrimógeno de largo alcance lanzados desde los instrumentos antes referidos de la marca Combined Systems.
- 166 dispositivos de gas lacrimógeno de corto alcance, que solamente arrojan gas y no cartuchos, de la marca Combined Systems.
- 426 escudos protectores de policarbonato de modelo CA de la marca Protective Maquinal Technology.
- 426 cascos de protección personal.
- 426 bastones del modelo PR24, también de la marca Protective Maquinal Technology”.
Responsable del operativo
La Secretaría de Seguridad Pública también informa que el director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, Willibardo Díaz Castillo, “es el servidor público que ordenó el despliegue de los efectivos que acudieron a la autopista Puebla-Atlixco, una vez que fue informado del bloqueo por parte de los manifestantes”.
La dependencia resalta en el boletín que, por instrucciones del gobernador Rafael Moreno Valle, hará “pública toda aquella información que no e impida la ley, por ser parte de la investigación a cargo del Ministerio Público o alguna otra instancia competente”.
También destaca la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del estado y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la investigación del caso.