Marchan en favor de ocho militares detenidos por caso Tlatlaya
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Concluyó con la entrega de un pliego petitorio de nueve puntos y la recepción de éste
La Jornada informa que la marcha en favor de que sean juzgados conforme a derecho los ocho militares involucrados en la muerte de 22 personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, estado de México, concluyó con la entrega de un pliego petitorio de nueve puntos y la recepción de éste con la promesa de establecer una mesa de negociación, por parte de la oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la República.
Cinco integrantes de la organización Humanista por el Progreso Social y de la Asociación Civil General Jesús Gutiérrez Rebollo dialogaron con personal de Presidencia de la República y le entregaron un documento que, entre otras cosas, solicitaron la creación de un marco jurídico que regule la participación de las fuerzas armadas en tareas urbanas como son las de seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico o, en su defecto, que se les permita a los integrantes de las fuerzas armadas regresar a sus cuarteles.
Asimismo, pidieron la creación de un “comité ciudadano que vigile el correcto funcionamiento de la dirección general de Derechos Humanos perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual ha sido totalmente omisa en sus funciones y no ha emitido recomendación alguna en favor de los derechos humanos del debido proceso, en favor de ningún elemento militar, figura que no ha cumplido con la intención para la que fue creada por ser una dirección, que al pertenecer a la Sedena, claramente es una institución de consigna”.
En tercer lugar se le pide al Presidente de la República “la revisión del asunto del general Ricardo Martínez Perea, el cual fue procesado y sentenciado con base a un anónimo y a orden expresa del ex presidente Vicente Fox Quezada. Está pendiente el desahogo del incidente extraordinario de reconocimiento de inocencia presentado ante el pleno del Supremo Tribunal Militar”.
Cuarto, se solicita que los miembros de las fuerzas armadas mexicanas no sean violentados en sus derechos humanos más elementales al ser prejuzgados y ser despojados de toda prestación económica y de seguridad social al ser señalados presuntos responsables de algún delito.
Como quinta petición está la solicitud de “creación de un comité ciudadano de vigilancia, con juristas especializados en derecho militar, que supervise la correcta aplicación de las leyes castrenses, ya que el fuero de guerra únicamente es una justicia de mando, que se utiliza de forma autoritaria en perjuicio de los derechos humanos y procesales de los elementos de las fuerzas armadas”.
También se pide que se resguarde a las familias del personal de las fuerzas armadas que participen en la lucha contra el narcotráfico para que no sean objeto de represalias por parte de los grupos del crimen organizado.