Temen que mineras desplacen a campesinos de la sierra de Puebla
joomla.2014j25
Existen 90 concesiones mineras y ocho proyectos hidroeléctricos que abarcan más de 141 hectáreas
El Financiero informa que en las sierras Norte y Nororiental de Puebla existen 90 concesiones mineras y ocho proyectos hidroeléctricos que abarcan más de 141 hectáreas, que representan casi el 30 por ciento de este territorio, lo que ocasionará que el 75 por ciento de la población abandone la agricultura y, con la actividad minera, se generen enfermedades en la población advirtió Cristóbal Sierra, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.
En conferencia de prensa en la ciudad de México, señaló que la minería es profundamente destructiva, que contamina los manantiales y además de que los proyectos hidroeléctricos que pretenden darle energía a las minas privatizan también el agua y devastan grandes zonas donde ya no se puede ni pescar.
Precisó que ese 75 por ciento de la población, dedicado a la siembra de frijol, calabaza, café, maíz y otros cultivos, dejarán de producir estos alimentos con la presencia de la minería.
Aseguró que la aprobación de las leyes secundarias sobre hidrocarburos y electricidad afectan a la población indígena y campesina, con la “ocupación temporal” de la tierra al privilegiar la explotación de hidrocarburos y minerales sobre la agricultura.
“Demandamos su cancelación para que de manera constitucional pueda, primero consultarse a las comunidades indígenas donde se está tratando de imponer estos proyectos”, dijo.
Advirtió que las concesiones otorgadas en Puebla son ilegales y han violado el derecho a la consulta, que no solamente enmarca el convenio 169 de la OIT sino que también viene expresado en el artículo 2 de la Constitución.
Ayer, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía y funcionarios de la secretaría de Gobernación, sostuvieron una reunión con líderes de organizaciones campesinas para “explicarles” los alcances de las leyes secundarias de la reforma energética.
La dependencia aseguró que la reforma crea reglas claras que protegerán a los propietarios en las negociaciones con los empresarios y que obtendrían hasta dos por ciento de los ingresos de los contratistas en cada proyecto.