¿Gasoducto que cruza el Popocatépetl?; la CNDH se opone
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala por la construcción de una central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, que conforman el Proyecto Integral Morelos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala por la construcción de una central termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, que conforman el Proyecto Integral Morelos (PIM).
Por dicho proyecto, la CNDH emitió este día una recomendación al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán; al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, y al Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Roberto Serrano Altamirano.
El PIM fue puesto en marcha el pasado 3 de febrero por el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, con una inversión de 20 millones de pesos. Consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, las cuales han sido concesionadas a la empresa española ABENGOA.
El mandatario perredista expresó entonces que con este proyecto “empezamos una nueva historia de industrialización y comercialización”, reporta Sin embargo.mx.
La construcción y operación del PIM se realizó pese a las protestas de habitantes de diversas comunidades de los 27 municipios que recorren los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por las posibles repercusiones al medio ambiente.
El megaproyecto fue anunciado y aprobado por la Semarnat, que durante la administración del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del gasoducto Morelos tendría una vida útil de 25 años.
Los manifestantes denunciaron que la construcción violaba el derecho a la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, lo cual quedó consignado en las diversas quejas presentadas ante la CNDH.
El gasoducto pasa por las faldas del volcán Popocatépetl, lo que además representa una constante amenaza para quienes viven a las faldas del cráter y contaminaría con la emisión de gases.
Tras su investigación, la Comisión Nacional acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a pueblos y comunidades indígenas, toda vez que la Semarnat difundió el proyecto a través de Internet. Además, la CFE no realizó esa consulta, lo que resultó inaccesible e insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a la población en las localidades que presentan niveles de marginación de altos a muy altos.
Aunque la CDI expresó que ninguna autoridad solicitó su intervención sobre el PIM; no obstante, la CNDH acreditó que sí conoció del problema a partir de una reunión con indígenas nahuas del municipio de Nealtican, Puebla, y que aun así no actuó ni cumplió con su responsabilidad.
La CNDH concluyó que, de esta manera, se actualiza una responsabilidad institucional para la Semarnat, CFE y CDI por no armonizar la normatividad vigente con el artículo 1° constitucional; por la falta de coordinación interinstitucional; desconocimiento de normas nacionales e internacionales; insuficiente supervisión de acciones en el proceso administrativo y para garantizar el acceso a los mecanismos de participación de la sociedad y de los pueblos y comunidades indígenas.
En la recomendación se resalta el concepto de desarrollo sostenible impulsado por la ONU, “que comprende las dimensiones de sociedad, medio ambiente, cultura y economía, y convoca a que las acciones, programas y proyectos impulsados por las autoridades mexicanas incorporen ese paradigma con perspectiva de derechos humanos, ya que el impacto positivo del desarrollo sostenible consiste no sólo en beneficiarse económica o socialmente de una obra, sino en su trascendencia para la vida comunitaria al permitir a las personas, grupos y comunidades participar en la toma de decisiones, en consonancia con el objetivo 16 de la Agenda 2030”
La Comisión Nacional emplazó a Rafael Pacchiano a instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que vigilen el cabal cumplimiento de los términos de las resoluciones en materia de impacto ambiental y supervisen las condiciones de seguridad en la puesta en marcha y operación del PIM, respectivamente.