AUMENTO DEL PASAJE: ¿QUIÉN ASUMIRÁ EL COSTO DEL FUEGO CRUZADO POR EL DISGUSTO CIUDADANO Y DE TRANSPORTISTAS?
Arturo Luna Silva
En el tema del incremento en el precio del pasaje del transporte público en Puebla, son insoslayables las ponderaciones política, económica y, con especial gravedad, la social. Se trata de una medida impopular en doble y grave vía: para usuarios y concesionarios. Si bien podría considerarse necesario, pero con ciertas condiciones, acarreará a la autoridad que lo avale un pesado descontento de los ciudadanos y también de los transportistas, quienes amagan con no aceptar que sea menor de 10 pesos; cuatro más de lo que cuesta actualmente y que se ve inviable. ¿Quién asumirá esos costos: el mandatario interino Guillermo Pacheco Pulido o el gobernador que asumirá el 1 de agosto, Luis Miguel Barbosa? Dejará un mal sabor de boca, si lo hace quien se va; o empezará con una pesada loza de disgusto colectivo, el que llega.
Las reglas no escritas del poder público dictan que quien deja el cargo se lleva las reclamaciones y las acepta en institucional silencio, para que quien llega arranque sin contratiempos.
La última vez que se autorizó un aumento al precio del pasaje fue días antes de que el hoy prófugo Mario Marín Torres dejara Casa Puebla.
La noticia apreció en los impresos del 28 de diciembre de 2010, como una mala jugada en pleno Día de los Inocentes, y se aplicó a partir del 1 de enero de 2011, antes también de la asunción de Rafael Moreno Valle.
El panista obligó al priísta a avalar esa medida, como parte de los acuerdos de impunidad de los que fue testigo la maestra Elba Esther Gordillo.
Marín asumió el costo y permitió a Moreno Valle deslindarse ante el obvio descontento social.
Luego, al terminar la administración de 22 meses de la minigubernatura, en diciembre de 2018, el finado Moreno Valle quiso obligar al entonces gobernador saliente, Tony Gali, a ser quien autorizara un nuevo incremento.
Buscaba el entonces coordinador de los senadores panistas librar de esa decisión impopular a la entonces gobernadora electa Martha Érika Alonso Hidalgo, su esposa.
Sin embargo, Gali se negó hasta el cansancio, incluso hasta el mismo día la rendición de protesta de ella, en diciembre del año pasado, y eso los distanció hasta la muerte de Rafael y Martha Érika.
De ahí que las tarifas de 6 pesos para camiones y 5.50 pesos para vehículos tipo Van, tienen ya 9 años de antigüedad.
La decisión, es de suponerse, se tomará entre las administraciones entrante y saliente.
No podría ser de otro modo.
La expectativa más viable es un incremento moderado, a 7 y 6.50 pesos respectivamente, con el ineludible compromiso de mejorar el servicio.
Hay que reconocer que el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, no ha rehuido el tema.
Por adelantado ha visto las cosas con claridad.
Por la mañana de este martes, anunció en Twitter que “esta misma semana me reuniré con organizaciones de transportistas para que, a través del diálogo, construyamos acuerdos y podamos mejorar las condiciones de movilidad en #Puebla”.
La definición sobre quién le pone este cascabel a este gato -sirva la metáfora- está ya próxima.
Barbosa asume el próximo 1 de agosto.
Hasta el último minuto del último día de este julio, cualquier decisión será atribuida al gobierno interino.
Quedan aproximadamente cuatro semanas para que se dé, en las que las presiones de uno y otro lados se han venido sintiendo.
Los transportistas con sus paros parciales en el servicio en al menos 20 rutas, de las 127 que hay en la zona metropolitana; el gobierno con la sentencia de que retirará concesiones y los ciudadanos a la expectativa de cómo afectará en su economía un incremento.
Pronto se verá si se sigue la tradición no escrita entre quien se va y quien llega.
Y la definición va contrarreloj.