Discrepan abogados sobre la condena que recibiría Marín
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Por el delito de tortura su equipo de abogados ya había ganado amparos y logró liberar a dos ministeriales involucradas
El ex gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, podría estar “un año o menos” como recluso del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, en lo que se desahoga su proceso, como autor intelectual de la presunta tortura de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, ocurrida durante el traslado de más de 20 horas de duración, desde aquella ciudad a la capital poblana, entre los días 16 y 17 de diciembre de 2005.
La causa penal 26/2018, del juzgado Segundo de Distrito, por el que fue aprendido el ex mandatario el miércoles de la semana pasada en Acapulco, Guerrero -describieron abogados- es por el delito de tortura, aunque el ex gobernador “jamás vio a la señora” en aquella época, por lo que la participación que se le achaca es intelectual.
Este miércoles, Marín tendrá de nueva cuenta a las 15:00 horas la audiencia de su caso, para definir su situación jurídica.
Fuentes consultadas dijeron que hay confusión en la opinión pública, pues nunca se ha acusado a Marín de pederastia ni de algún otro acto punitivo.
Dijeron que, en cuanto a los delitos que hubieran podido tipificarse como servidor público, “la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la entonces principal prueba, las grabaciones (de la conversación con Kamel Nacif, en la que festejan la aprehensión de Cacho), no pudieron ser tomadas en cuenta, porque se obtuvieron de manera ilegal”.
Los juristas describieron que el proceso tiene laberintos que podrían terminar por beneficiar al hombre oriundo de Nativitas Cuautempan, que gobernó Puebla entre el 1 de febrero de 2005 y el 31 de enero de 2011.
Indignación internacional
El caso que ha causado indignación internacional, tiene una larga historia de amparos, litigios, incluso ante el máximo tribunal de México, que no fue retomado, sino hasta que el agosto de 2018 lo abordó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió al Estado Mexicano que juzgara y sancionada las violaciones graves contra la periodista.
Es por ello, de esta trama jurídica larga y compleja.
En 2005, dijeron los abogados, el delito de tortura, en el fuero común de Quintana Roo, “no era grave, ahora sí lo es y en el fuero federal siempre lo ha sido”, además de que la fiscalía “deberá probar que, efectivamente, esa tortura existió”.
En este caso, dos más de las implicadas ya obtuvieron su liberación y una de ellas, a quien representa el abogado poblano José Luis Ramírez Téllez, presentó una demanda de daño moral contra Lydia Cacho, autora de Los Demonios del Edén, reportaje en el que denuncia una red de pederastia en el estado de Quintano Roo, en la que participaron hombres poderosos y políticos.
Las entonces policías judiciales (hoy el término es agentes ministeriales), Verónica Chávez Cruz y María Irene Arteaga Rangel, recibieron aquel 17 de diciembre de 2005 a la periodista Lydia Cacho, en la caseta del municipio de Esperanza, del estado de Puebla, e hicieron el relevo de la escolta de varones que la traía desde Cancún.
Las dos quedaron eximidas del delito de tortura, luego de que su defensa ganó sendos recursos y la parte acusadora no pudo probar que efectivamente ellas la agredieron.
Mientras Verónica siempre estuvo prófuga y obtuvo un amparo, Inés, quien sí permaneció presa en el mismo Cereso de Cancún, ganó en la apelación del segundo tribunal unitario, para su liberación.
La primera de ellas, con la asesoría del bufete Ramírez Téllez, ha presentado una demanda por daño moral, contra Lydia Cacho.
La intervención de la ONU
El caso Lydia Cacho, que por más de 15 años ha estado en el interés público, fue desestimado por más de 13 años por las autoridades nacionales, e incluso la SCJN determinó que el entonces gobernador y otros funcionarios no violaron las garantías individuales de Cacho.
El caso prácticamente recibió un carpetazo en México, hasta que el 2 de agosto de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió que efectivamente existieron “violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho” e instruyó al Estado Mexicano a “procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas”.
Por ello, el Gobierno de México ofreció el 10 de enero de 2019 una disculpa pública a la periodista, por la tortura, la discriminación en razón de género y las acciones que le impidieron acceder a la verdad y la justicia, en su caso.
El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, giró órdenes de aprehensión contra del ex gobernador priísta, el empresario textilero José Kamel Nacif Borge; el exdirector de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán; el comandante, Juan Sánchez Moreno, entre otros.
La periodista se ha pronunciado por que el ex mandatario Mario Marín reciba la pena máxima, que podría ser de 12 años, y, por otro lado, ha traído a la memoria sus acusaciones contra los políticos Miguel Ángel Yunes Linares y Emilio Gamboa Patrón, por su presunta participación en la red de pederastas que denuncia en su libro.