MISERIAS, DESGRACIAS Y EXCENTRICIDADES DEL PODER JUDICIAL
Arturo Luna Silva
No sólo es el poder menos vigilado, con menos contrapesos, y el más impune y opaco de todos. Aunque algo se ha avanzado en los últimos tiempos en calidad de los juzgadores e imparcialidad en los procedimientos y en el funcionamiento general de los tribunales, la verdad es que en Puebla, el Poder Judicial Federal (PJF), como sucede en muchas entidades del país, continúa oxidado y podrido, encareciendo la justicia o dificultando el acceso a la misma, en medio de añejos y retorcidos “usos y costumbres” que, en nombre de la ley, remiten a corrupción, opacidad y prepotencia.
Véase, si alguna duda hay, el reciente –y muy revelador- reporte divulgado por la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, el cual señala que Puebla ocupa el tercer lugar en casos de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, pues existen por lo menos 60 relaciones endogámicas (donde familiares trabajan en el mismo juzgado o tribunal) y 105 relaciones “de intercambio” (donde hay familiares cruzados entre dos juzgados o tribunales).
El informe intitulado “El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación” confirma lo que ya se sabía pero poco se comentaba: jueces, analistas, secretarias, oficiales de partes, auxiliares de actuarios, coordinadores técnicos administrativos, actuarios judiciales, delegados administrativos y hasta defensores públicos forman parte de una intrincada red de poder que no sólo opera en las sombras y que incumple con una justicia expedita, completa e imparcial, sino que la mayoría de las veces incurre en serios conflictos de interés, con el único fin de mantener su estatus y privilegios, muchos de ellos al margen –o en el límite- de la ley.
México no cambiará hasta que cambie, de fondo, el poder Judicial, tal vez el gran déficit nacional.
Pero lo más grave de todo, de cara al futuro inmediato, no es que no exista órgano ni autoridad que se encuentre por sobre él o recurso judicial que pueda interponerse en contra de sus decisiones, sino es que este poder es el único en el que Andrés Manuel López Obrador no tiene ni tendrá control absoluto, a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo -que en los hechos no gozarán de autonomía ni independencia-, y por tanto el poder Judicial se perfila para ser quizá el único contrapeso real del hoy presidente electo, un auténtico laberinto para la sociedad, tomando en cuenta el deterioro institucional de éste, uno de los grandes pilares de Estado, pero un pilar muchas veces sumido en la corrupción, la arbitrariedad y, claro, falta más, el nepotismo.
Los datos duros a nivel nacional no dejan lugar a especulaciones ni dan lugar al optimismo:
El 71% de los mexicanos cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente entre jueces y magistrados.
El 68% piensa que tener familiares en el PJF es decisivo para la selección de los jueces.
El 65% considera que la falta de meritocracia afecta imparcialidad y eficacia de jueces y magistrados.
El 87% de todos los concursos para obtener un cargo fueron de convocatoria cerrada, es decir, sólo para personas que ya laboran en el PJF.
El 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar laborando en el PJF.
Y el 85% o más de los familiares de jueces y magistrados ocupan puestos de muy baja exigencia meritocrática.
¿Así o más dramático?