EN MANOS DE ESTOS 7 MAGISTRADOS ELECTORALES ESTÁ EL FUTURO DE PUEBLA
Arturo Luna Silva
Dos fallos muy polémicos, uno muy reciente (el relacionado con el célebre Fideicomiso de Morena para los damnificados de los sismos) y el otro no tanto (el aval a la candidatura presidencial “independiente” de Jaime Rodríguez “El Bronco”), han sembrado toda clase de dudas sobre la legalidad e independencia de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos siete integrantes parecieran entonces poco fiables e impredecibles, pero sobre todo sujetos a determinaciones de tipo político, más que jurídico.
El retiro de la millonaria multa que el INE había impuesto al partido de Andrés Manuel López Obrador por las anomalías detectadas en el manejo de un fondo económico a favor de los afectados de los terremotos y la increíble (e inesperada) habilitación del gobernador de Nuevo León para que apareciera en la boleta electoral del pasado 1 de julio –pese al cúmulo de irregularidades cometidas por este excéntrico personaje-, permiten asegurar que, en su momento, cuando llegue al TEPJF, cualquier cosa puede pasar con el caso Puebla, aunque no haya ningún elemento sólido que permita dar un ápice de credibilidad al “fraude” que la coalición Juntos Haremos Historia afirma haber sido víctima por parte del morenovallismo en la pelea por la gubernatura.
Es en ese marco que adquieren gran relevancia los antecedentes, las ligas políticas y hasta las amistades –o enemistades- de los siete magistrados electorales Janine Madeline Otalora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas, pues no es exagerado afirmar que el futuro de Puebla está en sus manos, dado que de ellos dependerá que se ratifique el triunfo de la gobernadora electa, la panista Martha Erika Alonso, o se anule el resultado de la elección y se convoque a nuevos comicios, lo que implicaría, entre otras cosas, la designación de un gobernador interino.
¿Quiénes son estas mujeres y estos hombres? Hete aquí un primer acercamiento:
JANINE MADELINE OTÁLORA MALASSIS fue electa por unanimidad presidenta del TEPJF en noviembre de 2016; nació en la Ciudad de México, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbonne de París, Francia. Magistrada desde 2016, su encargo concluirá hasta el año 2025, tiempo en el que le habrá tocado calificar tres elecciones federales: 2018, 2021 y 2024. Su ponencia ha estado a cargo de los asuntos políticos más relevantes en este periodo electoral. Se ha generado la percepción de favorecer a Morena y varias veces se ha cuestionado su nepotismo al frente del Tribunal, pues al parecer ha tolerado que un tío y un hermano de la secretaria general de Acuerdos, Cecilia Sánchez Barreiro, ocupen posiciones de poder en el mismo TEPJF. Otálora Malassis votó en contra de la candidatura de “El Bronco”, pero a favor de la exoneración de Morena por el fideicomiso a favor de damnificados por los sismos al igual que los otros seis magistrados electorales.
FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA es licenciado en derecho por la UNAM y maestro por la Universidad de Toluca, Estado de México, donde se acercó al equipo del presidente Enrique Peña Nieto, bajo cuya gubernatura se desempeñó como jefe de asuntos legales en la SEP estatal. Fue propuesto por el PRI como magistrado y se le considera una pieza de Peña Nieto en el TEPJF, pues es muy cercano a Humberto Castillejos, el influyente consejero jurídico de la Presidencia. Fuentes Barrera votó a favor de la candidatura de “El Bronco” y de la exoneración de Morena por el caso del fideicomiso “Por los Demás”.
INDALFER INFANTE GONZALES estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero, así como la maestría en Derecho de Amparo (2004-2006) y el doctorado en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Está en el cargo desde 2016 y permanecerá en el mismo hasta el año 2023. Se le ha identificado como cercano al PRD porque en 2007 fue impulsado por Ricardo Monreal (en ese momento senador del sol azteca y actual coordinador de Morena en el Senado) para convertirse en consejero de la Judicatura. Adicionalmente, en el mismo Senado, recibió el apoyo del ahora ex perredista Luis Miguel Barbosa Huerta; de hecho, el ex candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Puebla suele presumir su ascendencia hacia Indalfer Infante, quien con su voto, por cierto, inclinó la balanza electoral a favor de la candidatura de Jaime Rodríguez.
FELIPE DE LA MATA PIZAÑA es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la Universidad Panamericana y la Universidad de Castilla La Mancha. A la hora de su designación como magistrado del TEPJF, en el reparto de cuotas partidistas, llegó impulsado por el PVEM, pero también con el aval del PAN; se le adjudica cercanía con el Opus Dei, y con Margarita Luna Ramos, ministra de la SCJN, de cuyo hermano, Alejandro Luna Ramos, fue coordinador de asesores cuando presidió el TEPJF; también se le adjudica vínculos con la ex procuradora Arely Gómez, actual secretaria de la Función Pública. De hecho, su fallo más polémico estuvo relacionado con la exoneración del PVEM por los mensajes de famosos en redes sociales durante la veda electoral de los comicios del 7 de junio de 2016. En el caso de “El Bronco” votó en contra de incluirlo en la boleta electoral.
REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN es licenciado en Derecho por el ITAM y ha ocupado cargos en los tres poderes públicos. En 2012 formó parte del equipo jurídico de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota. Como magistrado regional del TEPJF en Monterrey, Nuevo León, votó para que se quitara la alcaldía de Zacatecas a Morena. Llegó como magistrado del TEPJF apoyado por el ex senador panista Roberto Gil Zuarth, muy cercano a su vez al ex gobernador y actual senador poblano Rafael Moreno Valle, esposo de la gobernadora electa Martha Erika Alonso. En marzo de 2017 el magistrado Reyes Rodríguez declaró “improcedente” la solicitud de juicio promovida por entonces el senador Miguel Barbosa, suspendido de sus derechos como militante del PRD y removido de la coordinación de la bancada en el Senado, y fijó un plazo de cinco días hábiles improrrogables para que la Comisión Jurisdiccional del sol azteca “conozca y resuelva la impugnación” respectiva. La decisión fue bien recibida por Barbosa, quien afirmó que, con este “reencauzamiento” de la Sala Superior del TEPJF, “cumplo con mi objetivo de obtener justicia pronta y expedita” para resolver “sobre mi ilegal suspensión de derechos y remoción”. En cuanto al caso “El Bronco”, Reyes Rodríguez votó en contra de la candidatura presidencial “independiente” del gobernador de Nuevo León.
MÓNICA ARALÍ FREGOSO es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestra en Educación en la Universidad Internacional de La Paz. Fue magistrada de la Sala Regional del TEPJF de Jalisco y para ser magistrada del TEPJF contó con el respaldo del entonces líder de la Cámara Alta, el priísta Emilio Gamboa Patrón, y de Arturo Zamora, senador por Jalisco. Pieza del PRI, en noviembre de 2017 el Tribunal Electoral salió en su defensa pública porque en redes sociales circuló un mensaje en el que se exponía su cercanía con Enrique Ochoa Reza, entonces dirigente nacional de ese partido. En ese mensaje se especificaba que la actual magistrada había cursado en 2011 una especialidad en justicia electoral en el TEPJF cuando el encargado del centro de capacitación era Ochoa. La magistrada Mónica Aralí Fregoso avaló que “El Bronco” fuera candidato presidencial “independiente” a pesar de haber falsificado miles de firmas de ciudadanos.
JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR. Se le considera ahijado político del panista Santiago Creel Miranda y muy cercano, en su tiempo, a María Luisa Calderón, hermana del ex presidente Felipe Calderón. Fungió como asesor de Juan Carlos Ugalde en el extinto IFE, entre 2005 y 2006, precisamente durante el controvertido triunfo de Felipe Calderón. También trabajó en el CISEN al lado de Guillermo Valdez, hombre de confianza del ex presidente. Votó a favor de “El Bronco” y de la exoneración de Morena por el fideicomiso.
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En manos de estos siete magistrados electorales está –estará en su momento, cuando la impugnación de la coalición Juntos Haremos Historia llegue a su ámbito de decisión e influencia- el futuro de Puebla.