Aseguradora contratada por Karina Pérez, entre las más denunciadas en la Condusef
joomla.2019
La agencia Seguros Argos S.A. de C.V. contratada por la alcaldesa, Karina Pérez Popoca, para blindar a todos los burócratas durante un año; se encuentra dentro de las diez aseguradoras con más quejas de usuarios dentro del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
San Andrés Cholula, Pue. La agencia Seguros Argos S.A. de C.V. contratada por la alcaldesa, Karina Pérez Popoca, para blindar a todos los burócratas durante un año; se encuentra dentro de las diez aseguradoras con más quejas de usuarios dentro del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
En la evaluación más reciente, correspondiente al periodo de enero a junio de 2019, Seguros Argos S.A. de C.V. se ubica en el lugar número siete de 30 aseguradoras que fueron evaluadas por el organismo.
De acuerdo al Buró de Entidades Financieras, Seguros Argos tuvo 430 quejas de usuarios en el periodo mencionado, lo que equivale a 109.9 quejas por cada 10 mil siniestros; y en ese lapso, fue sancionada en dos ocasiones con un monto total de 53 mil 832 pesos.
Las aseguradoras con más quejas son: AXXA, Banamex, Metlife, GNP, HSBC, Inbursa y Seguros Argos.
Hay que mencionar, que en medio de la crisis de inseguridad que viven los sanandreseños, Karina Pérez decidió contratar seguros de vida para todos los que trabajan en su gobierno, incluyendo a sus regidores y a ella; el costo al erario público será de casi dos millones de pesos.
De acuerdo a la respuesta de la solicitud de información 022004717 hecha a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el ayuntamiento informó que adquirió seguros de vida para todos los empleados, con la firma Seguros Argos S.A. de C.V. con un costo de un millón 958 mil 213.59 pesos.
Sin embargo, el ayuntamiento ocultó las fechas de la vigencia de los seguros y se negó a proporcionar la lista de los servidores públicos que cuentan con ese beneficio, argumentando que esa información pondría en riesgo su integridad física.