Tres historias de mujeres procesadas por aborto en Puebla
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Por sus condiciones de salud, Fabiola tuvo un embarazo de alto riesgo. A la séptima semana de gestación y con 22 años de edad, se jugó la vida cuando no hubo más remedio que practicarle un legrado. Aun así, ante la insistencia de los trabajadores sociales del hospital donde se atendió, fue denunciada por el delito de aborto y consignada ante el juez
Por sus condiciones de salud, Fabiola tuvo un embarazo de alto riesgo. A la séptima semana de gestación y con 22 años de edad, se jugó la vida cuando no hubo más remedio que practicarle un legrado. Aun así, ante la insistencia de los trabajadores sociales del hospital donde se atendió, fue denunciada por el delito de aborto y consignada ante el juez.
El de Fabiola es uno de tres ejemplos de mujeres que en Puebla fueron criminalizadas por abortar y que sus casos han sido documentados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) y plasmados en su reciente informe “Maternidad o Castigo”.
En Puebla, se detalla en el documento, la criminalización de la mujer por el delito de aborto contiene atenuantes basadas en estereotipos de género, donde la privación de la libertad alcanza hasta cinco años, el segundo más alto del país, sólo debajo de Sonora y a la par con otros cinco estados.
Hay que señalar que, en los últimos cuatro años, de 2015 a septiembre de 2018, se han abierto 31 carpetas de investigación por aborto en Puebla, dos de cada cinco ocurridos en 2016, el de mayor incidencia, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
No obstante, Gire denuncia en el documento que las autoridades poblanas, junto con otras 11 entidades reportaron desconocer el número de mujeres que se encuentran purgando penas de prisión por el delito de aborto.
FABIOLA, PERO TAMBIÉN LAURA Y DIANA
A Fabiola se le asignó un defensor de oficio, aunque de poco le sirvió porque rindió su declaración sin que este abogado la asesorara, así que tuvo que destinar recursos para un abogado particular que logró su libertad al argumentar que la interrupción del embarazo se enmarcó bajo una causal legal en la entidad, es decir, peligro de vida.
La organización señala que la criminalización del aborto también impacta en mujeres que, por diferentes razones, tienen embarazos no deseados y deben enfrentarse a maltratos por parte del personal de salud cuando deciden interrumpir la gestación.
Así le sucedió a Laura, que en 2011 terminó con su pareja y en común acuerdo determinaron interrumpir el embarazo. Al caer en un nosocomio por fueres dolores abdominales, fue presa de la burla de las enfermeras y doctoras.
“La doctora pasante y una enfermera le mostraron al feto ‘para que no se le olvidara´”, se describe en el informe que abunda que Laura fue puesta a disposición de la entonces Procuraduría, terminando en un separo, todo esto en medio de fuertes dolores y sangrados.
Otra poblana, Diana, pasó por una ruptura similar con su pareja, pero a diferencia de Laura, ella deseaba tener al bebé. Sin embargo, un día de octubre, al poco tiempo de nacer, falleció, esto tras fuertes dolores que presentó la mamá previo al parto.
En el expediente médico de Dania se estableció que había usado pastillas, “al parecer” de misoprostol, para provocarse un aborto, a pesar de que hay constancia de una consulta externa con una nota médica que señala que por una infección vaginal fue tratada con otro medicamento, a lo que podrían corresponder las pastillas encontradas en su cuerpo.
Las historias de quienes resultan criminalizadas por aborto en México, son testimonio de la falta de justicia reproductiva en el país, de las grandes brechas de desigualdad y de las violaciones a derechos humanos a las que diariamente se enfrentan las mujeres, subraya el Gire.