Crónica de un homicidio doloso sin castigo
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Fernando Maldonado
Sobre el escritorio de la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz descansa el resultado del análisis realizado al caso del homicidio de los tres policías municipales de la capital poblana y uno más del municipio de San Andrés Cholula, a manos del crimen organizado el pasado 27 de octubre.
La conclusión de semejante documento no hace sino confirmar que el cuádruple asesinato fue resultado, en un grado notable, de la falta de capacitación, la improvisación y también de la ineficacia de los mandos medios y superiores, así como de los elementos que asistieron al trágico evento del que lamentablemente llevaron la peor partida y ya no vivieron para contarlo.
A tres días del primer mes de uno de los homicidios múltiples más escandalosos de la historia reciente de Puebla, la revisión de este documento se hace indispensable.
Se trata de un comparativo de la errónea forma de abordar una circunstancia policial altamente peligrosa y los manuales sobre la “Operación de la célula terciaria” y de “Alertamiento y colaboración”, dispuestos en la Ley Federal de Seguridad Pública.
“Estos manuales son el principio básico de actuación policial y forman parte de los documentos y cursos de capacitación que se supone se les han otorgado al personal de policía municipal como parte de los más de 200 millones que le ha entregado la federación durante 2008 y 2009 en el Subsemun (Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal)”
“Y que se supone forman parte de la normativa de Seguridad Pública derivada de la aplicación del Nuevo Modelo Policial”, cita el documento en poder de Parabólica.
Desde el trágico evento aquél, las autoridades responsables de la policía preventiva, desde el secretario del ramo, Andrés Vicente Ruiz Celio, hasta su subalterno en el área de Seguridad Pública, Humberto Rivera repitieron hasta el cansancio que los elementos de la capital abatidos decidieron por su propia cuenta despojarse de los chalecos antibalas.
Sin embargo una revisión al documento establece que no solo la falta de los chalecos balísticos fue factor para que el pequeño grupo de uniformados cayera ante el impacto de proyectiles de armas de grueso calibre de los sicarios.
Según estos manuales, la posición de los uniformados de la capital fue mortalmente errónea. Un elemento debió estar en la patrulla atento a las comunicaciones y no lo hizo, tampoco se mantuvo pendiente del sospechoso –el del vehículo Montecarlo que había pedido ayuda- y menos vigiló los alrededores.
Tampoco hubo otro uniformado que indicara al presunto responsable no moverse, asegurar al presunto responsable y proceder finalmente al cacheo; el tercer elemento tampoco se ubicó entre el primero y el segundo policía para ofrecer la autoprotección.
Pero además como lo establece el propio Subsemun, dos policías deberían portar armas de cargo (pistola Taser Advance X26) y un tercero, además del arma de fuego referida, un arma larga. Ninguno de los tres uniformados muertos siguió el protocolo.
El viernes de esta semana se cumple un mes de la muerte de cuatro policías municipales a manos de un comando armado que ni sudó para eliminar a mansalva a los uniformados de la capital de Puebla y San Andrés Cholula.
Al arribo de la efeméride, se ignora del avance de la indagatoria que a juzgar por la secrecía de las autoridades, se confirma la hipótesis sugerida en este espacio: Los asesinos pertenecen a grupos de sicarios al servicio del narco.
Lo único cierto es que también hay responsabilidad en los mandos superiores responsables de observar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el nuevo modelo policial y claramente identificables en el convenio del Subsemun. De ello está enterada la presidenta municipal, Blanca Alcalá y esa es la única certeza.