Comando armado desaloja a antorchistas y quema vehículos en San Pedro Zacachimalpa
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Dicho comando antiene secuestrados a 10 activistas de la organización, entre ellos Ovidio Celis, líder de Antorcha en el Distrito 12
Un comando fuertemente armando desalojó esta mañana a 100 familias afiliadas a al Movimiento Antorchista de los departamentos que ocupaban en San Pedro Zacachimalpa, al oriente de la capital de Puebla.
Dicho comando antiene secuestrados a 10 activistas de la organización, entre ellos Ovidio Celis, líder de Antorcha en el Distrito 12 del estado e hijo de Juan Celis, diputado federal y líder estatal de Antorcha
A eso de las 9:30 de la mañana, un comando armado llegó a los departamentos a desalojar a las familias, en un operativo en el que amenazaron a los colonos con armas de grueso calibre y uso exclusivo del Ejército, ante la mirada pasiva de la policía municipal y estatal.
Los departamentos de los que son desalojados los antorchistas están en proceso de compra por parte de los colonos con el banco dueño de ellos.
Antorcha acusa al Sindicato Progresista de Trabajadores “Libertad” y su líder Rafael Carbarín Ramírez de entrar de forma ilegal a los departamentos y querer apropiárselos con armas en la mano.
Además, varios de los vehículos de los activistas ya fueron quemados. Desde el inicio del problema esa mañana, la dirigencia estatal del Movimiento Antorchistas informó al Gobierno del estado, quien no se ha movido para solucionar el problema.
Piden cárcel para Rafael Carbarín
El vocero de Antorcha en Puebla, Aquiles Montaño Brito, divulgó la foto de la camioneta Tahoe con placas UAL 2396, propiedad del dirigente del Sindicato Progresista de Trabajadores “Libertad”, Rafael Carbarín Ramírez, a quien acusan de iniciar la violencia con un comando armando.
“Que las autoridades lo investiguen por uso de armas exclusivas del Ejército y comandar a malandros que portan las mismas armas”, exigió el antorchista al denunciar que grupo de choque también quemó varios departamentos y se robó las pertenencias de las familias desalojadas.
“Ahora no tienen casa, a pesar de que estaban negociando con el banco dueño de esos departamentos el pago legal de los mismos. El desalojo y secuestro se perpetró ante la mirada pasiva de la policía municipal y estatal”, afirmó.